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La Opinión de A Coruña

Las dudas que recorren la ártabra

La abogada de Cambre interpreta que se debe reponer las fincas al estado previo y revocar las 369 expropiaciones de la N-VI a la AP-9. La Xunta prevé, al menos, dos años de retraso

Tramo en obras de la vía ártabra, el mes pasado, con las obras paralizadas. | // CARLOS PARDELLAS

Los proyectos que sustentaban las obras para el trecho de la vía ártabra entre la carretera Nacional-VI y la autopista AP-9 han quedado anulados por sendas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), pero los efectos de esta anulación todavía están por concretar. El futuro de los desmontes, las talas y las expropiaciones que se han ejecutado en el tramo afectado —con los trabajos paralizados desde hace meses— y del contrato de las obras, adjudicadas a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Arias, Francisco Gómez y Cía. y Taboada y Ramos queda en el aire. La abogada de Cambre, Defa Losa, del despacho compostelano Losa Abogados, interpreta que, al declararse “la nulidad de pleno derecho” los proyectos, “en este momento no tienen amparo jurídico” ni las obras ni las expropiaciones realizadas, por lo que la Xunta debería, motu proprio, reponer el estado de los terrenos y revocar las expropiaciones, salvo que la justicia se pronuncie en otro sentido, en caso de recurrir el Gobierno gallego, que asegura que estudia los fallos y ha eludido concretar los efectos.

Obras

Los trabajos realizados por ahora en el tramo afectado por las sentencias consisten en desmontes y talas de árboles. La abogada de Cambre afirma que “las obras no están amparadas en derecho”, por lo que “en rigor”, la Xunta debería reponer el estado de los terrenos, aunque apunta que “en la práctica, no se sabe si será así”. “El proyecto constructivo tiene defectos sustantivos. Yo creo que no cabría la convalidación. Otra cosa es que, por el principio de economía del procedimiento, haya algún trámite que se pueda conservar”, matiza. El Concello de Cambre, cuyos recursos a las aprobaciones por irregularidades motivaron los fallos judiciales, sostiene desde el principio que tendrá que comenzarse de cero. La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, señala que las obras podrían retrasarse “dos años”, aunque admite que también podría tener que reiniciarse de cero todo el procedimiento. La Consellería aún estudia en detalle las sentencias.

Expropiaciones

La Xunta ha expropiado todos los terrenos necesarios para la obra desde la Nacional-VI hasta la autopista, un total de 369, de los cuales 244 son privados y los otros 125, de la Xunta o de concellos. La gran mayoría, 178, pertenecen al concello de Cambre; 53, al de Oleiros; y 13, al de Sada. Los pagos, que suman 1,3 millones de euros, se han efectuado ya, según aseguró el jueves en rueda de prensa el concejal cambrés de Urbanismo, Juan González Leirós. La letrada de Cambre explica que “pierden su efecto todos los actos que derivan o tienen su apoyo en los proyectos anulados”. “Si estás expropiando porque la causa expropiandi es un proyecto determinado y ese proyecto se anula, decaería la causa”, explica. Leirós aseguró este jueves que ningún vecino expropiado se había dirigido por el momento al Ayuntamiento para preguntar. La Xunta, como al respecto de las obras, ha eludido pronunciarse de momento.

Empresas

La consellería adjudicó en junio de 2019 las obras del primer tramo desde la Nacional-VI, hasta la AC-221, por más de 23 millones de euros a la UTE. Estos trabajos llevan paralizados desde julio del año pasado a la espera, según la Xunta, del retranqueo de servicios, para cuyo desplazamiento el Gobierno autonómico consignó 1,1 millones de euros más. La paralización ha provocado que los trabajos no hayan podido avanzar al ritmo normal y se hayan limitado a desmontes y talas. Este diario ha intentado sin éxito conocer la opinión de las empresas y saber si prevén reclamar, por ejemplo, lucro cesante. En el siguiente tramo, de la AC-221 hacia la AP-9, se realizaron el pasado mes de enero estudios geotécnicos, pero el comienzo de las obras, con el contrato sin formalizar, estaba pendiente de la autorización del Ministerio de Transportes para conectar la ártabra con la AP-9. La Xunta preveía reanudar esta primavera los trabajos “ya en toda la traza, incluyendo la conexión con la AP-9”.

Plazos

Si las sentencias se traducen en la práctica en un reinicio del proceso completo, la demora en la conexión con la AP-9 podrá ser de varios años, en función de los tiempos en los que cada organismo resuelva los trámites administrativos. La Xunta baraja desde el comienzo de cero del procedimiento completo hasta un retraso de al menos “dos años”. Y la ártabra lleva 20 en proyecto.

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