La Opinión de A Coruña

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El armisticio de la guerra del agua de Arteixo

El juzgado declara terminado el pleito entre el Concello y Aqualia tras aceptar el acuerdo alcanzado por ambas partes

Captación de agua del polígono de Sabón. | // 13FOTOS

La larga y compleja lucha judicial que mantenían el Concello de Arteixo y Aqualia por la disolución de la empresa mixta de aguas, Augarsa, ha llegado a su fin. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña acaba de declarar terminado el procedimiento tras validar el acuerdo alcanzado por las dos partes, que supone que las arcas municipales logren una indemnización de 7,5 millones de euros y se acaben las denuncias cruzadas entre la Administración local y la firma dedicada a la gestión de servicios de agua. Inicialmente, el Ejecutivo municipal reclamó 26 millones en concepto de perjuicios al municipio e incumplimientos contractuales.

El juzgado emitió recientemente un auto en el que “acuerda homologar el acuerdo” presentado por las dos partes y declara terminado “el presente procedimiento”, según se dio cuenta a la Junta de Gobierno Local. De este modo, tanto el Concello como Aqualia acuerdan fijar las cantidades económicas para liquidar el contrato suscrito en 2005 entre las dos partes, así como el expediente municipal de reclamación de cumplimiento y daños. Ahora solo queda pendiente de resolverse el procedimiento mercantil por el concurso de acreedores de la propia Augarsa.

La lucha entre el Concello arteixano y Aqualia dio un giro de 180 grados el pasado mes de noviembre, cuando se hizo público que la empresa había presentado a la Administración local una propuesta para resolver el conflicto judicial que mantienen desde hace ocho años por los pagos pendientes derivados la disolución de la firma mixta que gestionó el servicio del agua en Arteixo entre 2005 y 2013. En un pleno celebrado en diciembre todos los grupos que forman parte de la Corporación local (PP, PSOE, BNG y edil no adscrito), dieron su visto bueno a esta proposición.

El juzgado emitió recientemente un auto en el que “acuerda homologar el acuerdo”

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Aqualia, según recoge el acuerdo, se compromete a un pago de 9,6 millones, de los que hay que descontar 2,1 millones como canon concesional pendiente de amortizar que el Concello recibió de la empresa, con lo que el montante queda establecido en 7,5 millones. Los conceptos que la empresa reconoce que deben ser indemnizados son: plan de inversiones pendiente de ejecutar por la parte privada (2,6 millones de euros), reducción del valor patrimonial de la red de agua (4,4 millones), rellenos del depósito de Pastoriza (542.828 euros), gastos y honorarios por la intervención de Augarsa (121.469 euros) y el interés legal desde 2014 (1,8 millones).

Según el acuerdo, queda fuera de este pacto “todo lo relacionado” con el procedimiento concursal que se tramita en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña por la disolución de la empresa mixta, de tal manera que las partes podrían ejercer sus derechos en dicho procedimiento como mejor convenga a sus intereses.

Augarsa era una empresa mixta compuesta por el Concello y Aqualia que gestionó el servicio del agua en el municipio entre el año 2005 y 2013. Desde el principio se trató de un servicio deficitario que acarreó problemas en el suministro y en el que el Concello arteixano invirtió cinco millones de euros en obras pese a los reparos de Intervención, que recordaba que estas mejoras eran responsabilidad de la empresa mixta. Con la llegada de Carlos Calvelo a la Alcaldía en 2011, las relaciones entre las partes privada y pública se tensaron.

Augarsa gestionó el servicio entre 2005 y 2011

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La empresa entró en concurso de acreedores y el Gobierno local decidió intervenir el servicio. El Concello rescindió el 15 de julio de 2013 el contrato de Augarsa por supuesto incumplimiento culpable de la parte privada. Aqualia realizó su denuncia culpando a la parte pública. A partir de este momento arrancó el periplo judicial que se termina ahora con este acuerdo.

El alcalde, Carlos Calvelo, afirmó en diciembre que esta es “la máxima indemnización en la historia de la recuperación de servicios públicos que hace una empresa privada a un ayuntamiento. No hay otro caso como el de Arteixo”.

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