La Fiscalía ha reclamado explicaciones por escrito al Concello de Sada sobre los motivos por los que no atendió un requerimiento de la Inspección de Trabajo para que procediese a evaluar los riesgos psicosociales en el centro de trabajo.

La Unión Sindical Obrera (USO) informó ayer de la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público, que parte de una denuncia interpuesta por este sindicato. USO apunta que el Concello fue requerido ya en 2018 para realizar esta evaluación y que Inspección constató en 2021, tras el estudio de la planificación aportada, que no se establecían medidas concretas ni plazos de ejecución ni tampoco ni se había definido el protocolo de actuación frente al acoso moral o sexual.

A consulta de este diario, el Gobierno local afirma que existe una evaluación de riesgos psicosociales de año 2019 y que trabaja actualmente en la actualización del mismo debido a la entrada de una nueva empresa del servicio de prevención de riesgos laborales y que han distribuido ya cuestionarios entre el personal. El Ejecutivo afirma además que ya se ha aprobado el protocolo de prevención del acoso por decreto de Alcaldía.