La caída de abonados y la cancelación de cursos por la pandemia de la COVID-19, el fin de los ERTE y la inflación han colocado a la piscina municipal de Betanzos contra las cuerdas. La concesionaria del complejo deportivo del Carregal, Itude, ha solicitado un preconcurso de acreedores para evitar el cierre y afrontar un estrés de caja inédito que le ha impedido abonar las nóminas del pasado mes de abril.
La crítica situación de este complejo deportivo llevó al Gobierno local a convocar la semana pasada una junta de portavoces para abordar las medidas para garantizar la continuidad del servicio. El propio gestor de las instalaciones acudió a este encuentro para explicar a los grupos la coyuntura actual.
La concesionaria no pudo pagar las nóminas del mes de abril
La concesionaria ha reclamado una nueva compensación para el restablecimiento del equilibrio económico financiero de algo más de 200.000 euros por las pérdidas de 2021. El Concello ya le reconoció 116.758 euros por la pérdida del equilibrio económico durante 2020 en dos pagos, uno de 73.506 euros y otro de 43.258 euros.
La nueva inyección que demanda la empresa será un balón de oxígeno, pero no la solución definitiva para un negocio que, como el resto de los del sector, resultó muy castigado por la pandemia.
El preconcurso de acreedores es un procedimiento que puede adoptar una empresa en situación de insolvencia para evitar la situación concursal. Este mecanismo permite a la compañía disponer de un margen de tres meses para llevar adelante acuerdos de refinanciación que le permitan evitar el concurso.
Más de la mitad de los abonados de la piscina se dieron de baja por la pandemia
Todas las partes están de acuerdo en que resulta prioritario mantener el servicio, que cuenta actualmente con alrededor de seiscientos abonados, menos de la mitad que antes de la emergencia sanitaria, cuando disponía de 1.300.
La concesión finaliza el 12 de agosto, en menos de cuatro meses, y el Concello ultima un nuevo pliego, en el que pretende incluir condiciones más ventajosas dada la actual coyuntura y que tendría un año de duración, con la posibilidad de otro de prórroga.
Hace unas semanas, el responsable de la gestora avanzaba que, en las actuales condiciones contractuales, no tenía previsto volver a optar a una concesión “ruinosa”.
