Un tramo de 140 metros de largo de la carretera Nacional VI en Iñás será tramo urbano en la margen izquierda tras la resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia tras la petición que realizó el propietario de una parcela colindante con la vía. Carreteras además aceptó reducir el límite de edificación de los 25 metros de la normativa a 21,5 para que la compañía no perdiese 1.278 metros cuadrados de edificabilidad, el 30%.

Bienes Inmuebles Corporativos Atlánticos 2008, sociedad propiedad de la cadena de alimentación Gadisa, solicitó esta modificación y Demarcación de Carreteras la aceptó y ahora este estudio está a información pública durante el plazo de treinta días. Sobre este solar de uso industrial ya está construido y casi terminado el edificio que promueve Gadisa.

La compañía de alimentación en su alegación reclamó el mismo trato que Demarcación de Carreteras le otorgó a la sociedad Quinta Canaima SL, que también tenía el mismo problema en un solar que está justo enfrente al de Gadisa, junto a la rotonda (a escasos metros del cruce de O Carballo). En este caso la legislación de carreteras prácticamente impedía construir nada en la parcela al reducir la edificabilidad a la mitad.

La empresa de Gadisa también recurrió al mismo argumento esgrimido por Quinta Canaima para no perder un 30% de edificabilidad en la planta baja. Recordó que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Oleiros fija una línea límite de edificación al igual que el plan parcial de Iñás aprobado en su día y reclamó que se aplicase este criterio y no el de la legislación de carreteras que es más restrictivo. “Las circunstancias físicas y jurídicas de ambas parcelas son idénticas”, alegó la empresa afectada.

En la alegación la empresa destacó que al modificar el límite de edificación, reduciéndolo respecto a la carretera, se evita “la importante pérdida de edificabilidad y aprovechamiento de la parcela” y además el Estado evita tener que indemnizar a Gadis al ser uno de los supuestos con derecho a indemnización.

Esta resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia también ha sido notificada a la Xunta y al Concello de Oleiros para que emitan informe en el plazo de dos meses. Si no contestan en este plazo el estudio podrá se aprobado. Si no es así la competencia para aprobarlo le corresponderá al Consejo de Ministros.