El pleno de Bergondo aprobó ayer con los votos a favor de PSOE y Alternativa dos Veciños, el voto en contra del BNG y la abstención del PP, prorrogar el contrato de la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua adjudicado a Viaqua (nombre actual de la anterior empresa Aquagest) por un periodo de cinco años, tras 20 con la actual concesión en vigor. El motivo que aduce el Ejecutivo local es que en este momento es “inviable realizar un estudio en términos de estabilidad” para la nueva licitación con “la situación económica actual” y opta por esperar a que se registre un “marco más real y estable”, según recoge la propuesta que recibió luz verde por parte del pleno.
El 11 de junio de 2022 terminan los 20 años del contrato inicial firmado el 11 de junio de 2002, con un plazo de duración de dos decenios y con la posibilidad de prorrogarlo por un periodo de cinco años más, cláusula a la que acoge el Concello. De este modo, Viaqua mantendrá la gestión hasta el 11 de junio de 2027.
El acuerdo por el que se amplía la vigencia de la concesión también establece que el Concello asumirá los costes de energía eléctrica incluidos en el estudio de la concesionaria en lo que respecta a la depuradora de Gandarío y los bombeos asociados. El Gobierno local explica que adopta esta decisión dada “la situación actual de la energía y la subida de los precios de la misma muy por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC)” y “siendo una circunstancia ajena a la concesionaria y que no puede gestionar ella misma, por depender de una empresa externa”, lo que daría lugar “a la compensación de precios en forma de subvención”. En la actualidad, la Administración local asume las facturas de la luz vinculadas a la concesión y después procede a repercutirlas a la empresa para que las abone.
Una sentencia reciente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló que la entrada en funcionamiento de esta instalación creó un desequilibrio económico en la gestión de este servicio. Los jueces consideraron que Viaqua acreditó que la gestión de la EDAR de Gandarío produjo un incremento de los costes que alteran los términos recogidos en la adjudicación y que no es achacable al normal desarrollo del contrato.
