La Xunta inicia el trámite estatal de los parques eólicos Tornado y Orzar, que afectarán a cuatro municipios

Se instalarán en Carballo, Val do Dubra, Tordoia y Trazo | Abastecerán a la planta coruñesa de Showa Denko

RAC

El Consello de la Xunta aprobó ayer iniciar la tramitación estatal de los parques eólicos Orzar y Tornado, promovidos por la empresa Greenalia y que se ubicarán en los municipios de Carballo, Val do Dubra, Tordoia y Trazo. Las instalaciones tendrán capacidad para más de 133 megawatios y suministrarán parte de su energía a la planta coruñesa de Showa Denko, dedicada a la fabricación de ánodos de grafito, un material imprescindible para los vehículos eléctricos. Ambos parques supondrán una inversión de 97,8 millones de euros y al superar los 50 megawatios de capacidad deben ser autorizados por el Gobierno central, al que la Xunta reclama “sensibilidad” para agilizarlos con el fin de apoyar a Showa Denko, una industria electrointensiva.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que estos dos parques supondrán “un ahorro en ocho años de alrededor de 60 millones de euros en electricidad” para la empresa y que son los dos primeros proyectos que se acogen a la figura de “excepcionalidad” que establece el Gobierno gallego en la futura ley de áreas empresariales para dar prioridad a aquellos que destinen la mitad de la energía que produzcan a empresas asentadas en Galicia.

El proyecto de Showa Denko para la instalación en su fábrica de Agrela de un centro especializado en ánodos de grafito es uno de los tres prioritarios de la candidatura de Galicia a los fondos europeos Next Generation.

Greenalia, compañía gallega con sede central en A Coruña, tiene una veintena de proyectos eólicos en marcha, ya que considera que Galicia es la “principal potencia en recurso eólico de la península” por lo que es “lógico y razonable tener un objetivo ambicioso en megavatios instalados” en esta comunidad. En relación con las críticas surgidas por el impacto de los complejos eólicos, la empresa argumenta que “como cualquier otra actividad cuenta con una legislación vigente en materia ambiental que vela por la protección del entorno” y que su política “busca el máximo consenso y equilibrio con el entorno”.

También pone de relieve Greenalia la “riqueza que aportan estos proyectos” mediante los impuestos abonados a los ayuntamientos, las rentas a los propietarios de los terrenos afectados y el empleo generado por su construcción y funcionamiento.