La vista en la que se determinarán qué bienes forman parte del pazo de Meirás comienza hoy en el antiguo edificio de la Audiencia Provincial. Llega finalmente ocho meses más tarde que el plazo fijado inicialmente, tras tres aplazamientos de la fecha. El último fue el solicitado por el Estado y la Xunta para disponer de más tiempo para estudiar el informe pericial elaborado por la defensa de la familia del dictador Francisco Franco. De los bienes existentes en el pazo, el Estado reclama 133 y un total de 55 están en discusión entre los descendientes de los herederos y el Gobierno central. El Concello de Sada, que presentó también un incidente de ejecución, reclama la totalidad de los bienes, salvo aquellos que los Franco acrediten que fueron incorporados con posterioridad a la muerte del dictador en 1975. A continuación, las claves de una vista que despejará parte de las incógnitas que rodean la titularidad de Meirás y sus bienes.
- ¿Qué se trata en la vista? El objeto es resolver los incidentes de ejecución presentados por el Estado y el Concello de Sada tras el auto de la Audiencia Provincial que revoca el depósito cautelar de los bienes muebles y da vía libre a los Franco para su retirada.
- ¿Qué defiende el Estado? Que es propietario de 133 elementos que considera bienes inmuebles por destino o incorporación (es decir, bienes que fueron instalados con vocación de permanencia [por destino] o que no pueden retirarse sin provocar daños en el inmueble [incorporación]. La mayor parte de los bienes que reclama la Abogacía se corresponden con bienes inmuebles por incorporación. El Estado avanzó hace meses que preparaba una demanda para reclamar otros bienes, al margen de los incluidos en este incidente, que considera que son propiedad de Patrimonio Nacional, aunque de momento no han trascendido avances.
- ¿Qué defiende Sada? El Concello demanda la integridad de los bienes, salvo los que los Franco acrediten haber adquirido con posterioridad a la muerte de Franco. Defiende que deben permanecer en Meirás los bienes de Pardo Bazán y sus sucesores, dado que la escritura de compraventa de 1938, avalada por la Justicia, recoge que el pazo fue vendido “con todo cuanto dentro del edificio exista” (a excepción de la biblioteca, que la entonces propietaria donó expresamente a Franco). Demanda la permanencia de los elementos instalados posteriormente y afectos a la Jefatura del Estado. Sostiene que solo debe permitirse la retirada de aquellos que los Franco acrediten haber adquirido con posterioridad a la muerte del dictador.
- ¿Qué defienden los Franco? La familia admite que 78 de los bienes que demanda el Estado sí deben permanecer en Meirás por entrar en la categoría de bienes por incorporación. Se trata de elementos del jardín como cruceiros, hórreos, bancos, escaleras, balaustradas, estanques, la pista de tenis o unos frisos. Los herederos del dictador defienden su derecho a llevarse todo lo demás, hasta el sepulcro de la capilla que mandó labrar Pardo Bazán o los escudos del ducado de Franco, incluido el que adorna la fachada de As Torres. Los Franco reclaman su legitimidad para llevarse incluso el escudo del Ducado de Franco de la fachada, aunque los informes periciales que encargaron no lo ven viable. Sí ven posible la retirada del sepulcro que mandó labrar Emilia Pardo Bazán en la capilla.
- ¿Qué defiende la Xunta? Sostiene que, como administración codemandante, solo le corresponde adherirse al incidente del Estado. Tras admitir el juzgado el incidente del Concello de Sada, la Xunta anunció que había pedido al Estado que reclamase otros 49 bienes, ya fuese a través del incidente de ejecución o en una demanda posterior. La Xunta se negó a informar de qué bienes se trataba más allá de decir que 29 son de la época de Pardo Bazán.
- ¿Qué defienden las administraciones? El Concello de Sada defenderá su incidente de ejecución y se adherirá además al del Estado. El Gobierno avanzó que la Abogacía del Estado se adherirá también al del Concello. La Xunta se ha limitado a decir que se adherirá al incidente estatal.
- ¿Qué otras medidas se plantean para preservar los bienes? Xunta y Estado anunciaron hace meses la firma de un convenio de colaboración para extender la declaración de BIC del pazo a los bienes muebles vinculados a este sitio histórico. No trascendieron avances. Pese a que el Estado se avino a firmar este convenio, insiste en que se trata de una competencia de la Xunta, extremo que esta niega. La declaración de BIC de los bienes muebles no supone en ningún caso un reconocimiento de titularidad, pero sí permite a la Administración asumir su tutela y seguirles la pista en caso de traslado.
