Continúan las reacciones a la vista que dirimirá el futuro de los bienes del pazo de Meirás que se celebró el pasado jueves. Un día después de que el Concello de Sada instase a Xunta y Estado a dejar de lado de una vez sus discrepancias para blindar los elementos de As Torres vinculados a Emilia Pardo Bazán y al dictador Francisco Franco con la ampliación del decreto BIC, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, ha tachado de “incoherente” extender este escudo protector a los “bienes privativos” de los Franco .
Alega el responsable autonómico que declarar BIC elementos propiedad de los herederos del dictador supondría “transferirle recursos económicos por parte de Galicia”. Esta afirmación choca con el hecho de que la Xunta haya declarado Bien de Interés Cultural la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, formada por 8.000 títulos que fueron cedidos de la Real Academia Galega por los Franco y por otros 3.000 que permanecen en Meirás y en poder de los hermanos Martínez-Bordiu y que no han sido objeto de reclamación en la vista judicial.
Se da la circunstancia además de que, según figura en la escritura de compraventa del pazo de Meirás de 1938, la biblioteca fue regalada al dictador por expreso deseo de la nuera de la escritora.
El conselleiro de Cultura evitó fijar plazos para la ampliación del decreto BIC, que vincula a la aprobación de un convenio con el Estado, y volvió a reclamar ayer el Gobierno central que reclame vía judicial otros 49 elementos que no figuraban en el incidente de ejecución presentado por la Abogacía del Estado (29 de ellos pertenecientes a la etapa de Emilia Pardo Bazán).
La reclamación no es nueva. El Gobierno gallego realizó esta solicitud ya en octubre de 2021, aunque en la vista del pasado jueves se limitó a adherirse al incidente del Estado , que defiende la titularidad de 133 de los 697 elementos inventariados, que considera que tienen la categoría de bienes inmuebles por destino o incorporación (que fueron colocados con vocación de permanencia o que no pueden retirarse sin provocar un deterioro en el inmueble).
Ni Estado ni Xunta se adhirieron finalmente al incidente del Concello de Sada, el más ambicioso, que reclama la totalidad de los bienes, salvo aquellos que los Franco demuestren que fueron instalados con posterioridad a la muerte del dictador en 1975.
Solo 54 de estos 133 elementos son objeto de discordia por parte de los Franco, y en el caso de que la Justicia desestime el incidente del Ayuntamiento sadense, los Franco podrían llevarse piezas fundamentales para interpretar este sitio histórico, incluida la mesa en la que Pardo Bazán escribió parte de su obra. Por este motivo, entidades memorialistas y el Concello de Sada insisten en la importancia de ampliar el decreto BIC a los bienes, dado que aunque esta figura no supone en ningún caso un reconocimiento de titularidad sí obliga a los Franco a solicitar autorización a la Xunta para su traslado.
El futuro del contenido del pazo de Meirás sigue en el aire. El Gobierno anunció hace ya meses que prepara una demanda para reclamar más bienes, aunque solo los que considera de Patrimonio Nacional.
