Los Franco han perdido la primera batalla por los bienes del pazo de Meirás. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado casi en su totalidad la cuestión incidental planteada por la Administración General del Estado, a la que se adhirieron Xunta, Diputación y los ayuntamientos de Sada y A Coruña, y decreta que deben permanecer en el pazo 132 bienes de los 697 inventariados al entender que se trata de elementos "inseparables" de As Torres, aquellos que el Código Civil califica de inmuebles por destino o incorporación, es decir, que fueron instalados con vocación de permanencia o que no pueden ser trasladados sin provocar el deterioro del edificio. El auto no es firme.
El juez desestima el incidente de ejecución del Concello de Sada, más ambicioso, que pedía que permaneciesen en As Torres la totalidad de los bienes, a excepción de aquellos que los Franco acreditasen que habían sido instalados después de la muerte del dictador en 1975, al entender que habían quedado afectos a la Jefatura del Estado o habían sido transmitidos con el pazo en 1938.
El magistrado rechaza el recurso del Ayuntamiento sadense por motivos formales, al entender que excede el objeto de este procedimiento. Argumenta que al auto de la Audiencia Provincial que dio pie a las cuestiones incidentales ya había cerrado la puerta a debatir sobre la titularidad de los bienes dado que el Estado en su demanda se había limitado a reclamar el edificio y la finca y no los elementos que atesoraba en el interior.
El juez abre de todos modos la puerta a esgrimir todos estos argumentos en una nueva demanda en la que reivindique el mobiliario de As Torres y que le corresponde presentar al Estado.
El Gobierno anunció ya hace meses que la Abogacía del Estado preparaba una demanda para reclamar todos aquellos bienes que quedaban fuera de esta cuestión incidental y que considera de Patrimonio Nacional. De momento no han trascendido plazos.
Parte del legado de Pardo Bazán, entre los bienes que siguen en riesgo
Entre los elementos que quedan fuera del presente proceso y que los Franco se podrían llevar con este auto se encuentran bienes de la época de Emilia Pardo Bazán que fueron vendidos con As Torres en 1938, como la mesa de la torre de la Quimera en la que escribió alguna de sus obras más importantes, un retrato y diverso mobiliario antiguo. Los hermanos Martínez-Bordiu también podrían retirar obras de arte, incluidos los retratos del dictador y su familia de Sotomayor, Zuloaga o Bertuchi, los muebles de los salones, las tallas policromadas, las sillas de estilo nazarí o las camas con copetes y pináculos torneados que relaciona el inventario de la Xunta.
De los más de 130 bienes que deben permanecer en Meirás, realmente solo 49 eran objeto de controversia entre el Estado y los Franco y la mayor parte forman parte del jardín y la capilla. El juzgado solamente da la razón en un caso a los herederos del dictador, a los que permite llevarse unas alfombras pasilleras.
Los conjuntos escultóricos del jardín y la capilla se quedan en Meirás
Los 133 elementos que deben permanecer en Meirás se corresponden en gran medida con los elementos pétreos del jardín: conjuntos escultóricos, los bancos y mesas de piedra, los hórreos y cruceiros, frisos, balaustradas, fuentes, estanques, pilas bautismales...
Los Franco coincidían con el Estado en que buena parte de estos elementos no eran removibles, pero sí reclamaban parte que el juzgado cierra ahora la puerta a retirar. En concreto, las esculturas, los blasones y relojes de sol de piedra, los bancos o las pilas bautismales reconvertidas en maceteros, entre otras. Del interior de la capilla, los Franco defendían su derecho a llevarse las esculturas del retablo de la capilla, el Cristo de pelo natural, el confesionario, el sarcófago que mandó labrar Emilia Pardo Bazán, unos angelotes e, incluso, la puerta que comunicaba el templo con el vestíbulo de As Torres.
Del interior de As Torres propiamente dichas, el auto prohíbe retirar unos pocos elementos: los aparatos sanitarios de los baños, dos esculturas del arco de acceso al vestíbulo, una lámpara sobre la pilastra de la escalera, unos apliques de pared, unas vidrieras, la Virgen de piedra colocada sobre la chimenea de uno de los salones y un tapiz con escudo.
Razonamientos del juez
El juez Francisco Javier García Aponte da la razón al Estado en su demanda de estos 133 bienes y lanza más de un reproche a los Franco, a los que acusa de realizar una “interpretación más que forzada y sesgada” de la resolución de la Audiencia Provincial y ceñirse a una interpretación muy restrictiva de los bienes muebles que deben tener la consideración de inmuebles, al limitarla a aquellos que no pueden retirarse sin causar daños en el edificio y no tener en cuenta aquellos que fueron instalados con vocación de permanencia.
El magistrado muestra su “extrañeza” por la decisión del perito de los Franco de “obviar” en su informe las conclusiones de una historiadora a la que contrataron los Franco para la pericial pesar del “valor histórico incontestable” de muchos de los elementos en discordia. Reprueba además que los hermanos Martínez-Bordiu realizasen un “análisis puramente abstracto y separado de cada elemento”, sin tener en cuenta la interrelación de unos con otros y la intención del dueño a la hora de colocarlos.
Contrapone las conclusiones del perito de los Franco con las de los especialistas citados por la Abogacía del Estado, la Xunta y el Concello de Sada, Elena Iglesias Piñeiro, Manuel Chaín Pérez, Antonio Naveira Seoane y Manuel Pérez Lorenzo, respectivamente, que demostraron que la inmensa mayoría de los bienes reivindicados por el Estado habían sido instalados con “clara voluntad de perdurabilidad”, de formar un “todo armónico y artístico” o un “conjunto iconográfico”. “Si bien las piezas individualmente consideradas no perderían su valor si fuesen trasladadas a otro lugar, sí lo perdería el pazo de Meirás como bien histórico cultural, que quedaría privado de su verdadera esencia y significado”, recoge el auto.
El magistrado incide especialmente en la improcedencia de retirar elementos del pazo de Meirás que habrían adquirido la consideración de bienes inmuebles por destino, es decir, que fueron instalados con vocación de permanencia y que forman parte inseparable de As Torres.
Se trata de una categoría en la que incidía especialmente el Concello de Sada en su incidente y que fundó en diversa jurisprudencia, como la sentencia de 2021 relativa a las pinturas de Sijena, que cita expresamente el magistrado para fundar su resolución.
El juez solo da la razón a los Franco en un elemento, las alfombras pasilleras. Concluye que fueron instaladas con un “fin meramente funcional”, mitigar el ruido, y que es “perfectamente movible y separable sin detrimento alguno”.
Reacciones de las administraciones al auto judicial
Las administraciones han recibido con distinto grado de entusiasmo el auto. Estado, Xunta y el Concello de Sada celebran este triunfo, pero mientras que el Gobierno se congratula de una “victoria democrática” y evita hacer cualquier alusión en su comunicado al mobiliario y obras de arte que siguen en riesgo, Xunta y el Ayuntamiento sadense expresan su satisfacción por la resolución judicial pero instan al Estado a mover ya ficha y reivindicar la titularidad de obras de arte, muebles y otras piezas que no fueron objeto de reivindicación.
El Concello de Sada incide en el hecho de que la propia resolución judicial “habilita al Estado a presentar una demanda posesoria” sobre los otros bienes muebles, tanto los de la época de Pardo Bazán como los instalados por el Estado entre 1938 y 1975. “Bienes muebles fundamentales corren peligro y tanto el Estado como la Xunta deben mover ficha cuanto antes”, advierte el Ayuntamiento, que insta a la Consellería de Cultura a cumplir el acuerdo unánime del Parlamento de hace más de un año en incoar sin más demora el expediente para ampliar el decreto BIC a los bienes vinculados a este sitio histórico (una medida que no supone en ningún caso un reconocimiento de titularidad pero que obligaría a los Franco a solicitar autorización a la Xunta para trasladar cualquier bien).
La Consellería de Cultura evitó ayer aclarar a este diario qué plazos maneja para la ampliación del decreto BIC y se remitió a un comunicado en el que celebra la resolución judicial que, incide, “avala la estrategia de la Xunta”.
El Gobierno gallego, que no presentó ninguna cuestión incidental en este procedimiento y se limitó a adherirse a la del Estado, urge de nuevo al Gobierno a reclamar vía judicial otros bienes. En concreto, 49 que el Estado dejó fuera de su incidente y que están vinculados a Pardo Bazán (29) o a la Jefatura del Estado (los veinte restantes).
El Ministerio de Justicia y la Delegación de Gobierno en Galicia no aclararon tampoco ayer a este medio si tienen ya lista la demanda que anunciaron para reclamar los elementos que consideran de Patrimonio Nacional.
Los herederos del dictador Francisco Franco no se han pronunciado de momento sobre esta derrota judicial, que todavía tienen la opción de recurrir.
