El Concello de Abegondo ultima los acuerdos para ejecutar la ampliación de la carretera DP-0105, que une Vilacoba con Cortiñán, en Leiro, en un proceso cuyo origen se remonta a hace más de cinco años. La negociación con una de las propietarias demora la obra en la vía cuando ya se ha efectuado el derribo de dos viviendas, una de ellas en estado ruinoso, que formaban un tapón en la calzada, al impedir el normal paso de dos vehículos a la vez.
El Ayuntamiento asegura que gestiona los últimos flecos de los acuerdos con las partes para llevar adelante los trabajos, para los que tramitará el correspondiente permiso a la Diputación, que es la titular de la carretera.
El Ayuntamiento explica que asume la realización de la obra a pesar de que la calzada es provincial por ver necesaria la mejora de la seguridad vial y ya que la mayor parte de los usuarios de la vía son abegondeses. La Diputación asegura tener constancia de que el Concello ha demolido ya dos casas junto a la carretera y ha informado de que el terreno ya se encuentra, por tanto, despejado para poder proceder a la realización de los trabajos. Señala también que todavía no consta un proyecto para la obra y que, de acuerdo al trámite previsto, el Concello tendría que hacerse con la titularidad de los terrenos, ponerlos a disposición de la Diputación y solicitar la ejecución de la obra para mejorar la carretera.
El Concello apunta que asumirá la realización de los trabajos y alude solo a que pedirá el pertinente permiso por ser una vía propiedad de otra administración. Una vez ejecutados los derribos, queda pendiente la urbanización y el asfaltado de la superficie ganada.
El Gobierno local explicó en el pleno de este mes, a preguntas del grupo de la oposición, Alternativa por Abegondo, que la postura que manifiesta una de las propietarias afectadas por el proceso en la negociación en defensa de sus intereses complica y demora la resolución del procedimiento. El proceso para eliminar el tapón y mejorar y ampliar la calzada comenzó en 2016, cuando el Concello abogó por ejecutar el proceso y los trámites necesarios para mejorar la seguridad vial en ese tramo de la DP-0105. En los presupuestos municipales de 2018, aprobados en diciembre de 2017, consignó una partida de 12.000 euros destinada a la adquisición de uno de los inmuebles que determinaban el estrechamiento de la vía para tirarlo. El Ejecutivo municipal ya defendió entonces que el tapón, además de resultar peligroso para los vehículos, lo era también para los peatones.
