La Xunta ha eximido a Inversiones Inmobiliarias Canvives SL, sociedad filial participada por Blackstone y Santander, de someter a evaluación ambiental estratégica ordinaria el plan especial de reforma interior para construir una nave industrial junto al edificio Utande, en el entorno del polígono de Espíritu Santo.

La Consellería de Medio Ambiente impone de todos modos una serie de condiciones a este desarrollo industrial para minimizar su impacto sobre el edificio Utande, protegido, y para garantizar un correcto servicio de abastecimiento y saneamiento.

Como informó este diario, la promotora pretende reactivar este desarrollo industrial en una parcela de 16.978 metros cuadrados de suelo urbano no consolidado que comenzó a tramitar en 2009 la anterior propietaria, Agalia SL, y que quedó paralizado por la crisis.

La delimitación que plantea la empresa promotora es muy similar a la prevista inicialmente, con la salvedad de que excluye del ámbito una vivienda habitada que, argumentan los promotores, quedaría en situación de fuera de ordenación y tendría que ser demolida por incompatibilidad con el planeamiento.

La ordenación propuesta prevé ubicar los usos lucrativos en una única zona con una superficie de 7.500 metros cuadrados. El proyecto plantea edificaciones de bajo y dos plantas con un máximo de 14 metros de altura. Las zonas verdes y los espacios libres ocuparán 3.645 metros cuadrados y se plantarán más de un centenar de árboles en todo el perímetro de la finca. La superficie dedicada a equipamiento será de 785 metros cuadrados. La promotora plantea además un vial que permita dar acceso a la N-VI y la DP-0811.

El Instituto de Estudos do Territorio y la Dirección Xeral de Patrimonio advierten de que el desarrollo está afectado por el contorno de protección del edificio Utande y ven preciso cambios para minimizar el impacto. Patrimonio plantea que los espacios libres se sitúen dentro del perímetro de protección y aboga por replantear el plan, sobre todo en lo relativo a las alturas.

La Xunta ve necesario además que se garanticen los servicios de abastecimiento y saneamiento. Recuerda que el edificio Utande y el resto de usos industriales colindantes carecen de conexión a la red pública y dependen de una fosa séptica mancomunada “claramente insuficiente” y “que supone una fuente de conflictos entre sus usuarios”.