La Asociación de Empresarios de Galicia (Ascega) lleva años denunciando actividades irregulares de hostelería en suelo rústico en distintas localidades gallegas, fundamentalmente en pazos dedicados a organizar bodas y eventos. Ante su denuncia las administraciones han actuado pero los trámites, alegaciones, informes y demás están llevando a que muchas acciones caduquen. Así ha sucedido con el pazo de San Fernando en Culleredo. Tras ser precintado por el Concello en 2019 y con expediente abierto por la Xunta por instalaciones ilegales, finalmente ha quedado legalizado su uso hostelero al haber transcurrido el plazo de caducidad de seis años establecido en la Ley do Solo.
La empresa que gestiona los banquetes y eventos en este pazo (situado a escasos metros de la pista de Alvedro) realizó obras en la propiedad, como una ampliación de una edificación, la instalación de una gran carpa en el jardín y una cocina, en suelo rústico y sin autorización. Con esta actuación adaptó el inmueble para celebraciones, que ha venido realizando durante todos estos años.
Tras la denuncia de Ascega el Concello de Culleredo acudió a comprobar la situación y después acordó reclamar el cese inmediato porque la licencia era para catering, no para banquetes de boda, que requería una nueva licencia de actividad. También le reclamó legalizar las edificaciones realizadas sin autorización y poco después ordenó a la Policía Local el precinto de la carpa de eventos y la paralización de la actividad de banquetes en el jardín
La empresa responsable de la actividad del pazo presentó alegaciones y tramitó nueva licencia de actividad y la comunicación previa de cambio de titularidad. El Concello le otorgó la comunicación previa pero después rectificó, declaró la ineficacia de tal comunicación porque el hostelero era un uso prohibido en rústico y ordenó de nuevo paralizar la actividad.
Culleredo también notificó estos hechos a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) porque es la competente en suelo rústico. La Aplu abrió expediente y en 2021 concluyó que la ampliación del edificio y su cambio de uso, más la carpa y otra construcción dedicada a cocina o almacén, se habían ejecutado hacía más de seis años, por lo que ya había pasado el plazo de los seis años y caducado la infracción. Respecto al resto de construcciones la Aplu declaró repuesta la legalidad.
Estas construcciones realizadas en su día, por lo tanto, no quedan legalizadas pero sí su uso y además pasan a quedar sujetas al régimen de fuera de ordenación. La ley establece que en los edificios fuera de ordenación solo se pueden realizar obras de conservación y mantenimiento.
La gestora del pazo de San Fernando también acudió a los tribunales contra el Ayuntamiento de Culleredo pero tanto el juzgado como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en una sentencia de hace unos días, le han quitado la razón, aunque sin efectos prácticos: la sociedad intentó que el Concello declarase las obras como fuera de ordenación para conservarlas y alegó una desestimación por silencio de su petición pero los tribunales le han dicho que el expediente del Concello aún no concluyó y que cuando lo haga podrá recurrir, pero no antes. Sin embargo, en la práctica, tras el informe de la Aplu, las instalaciones ya están en situación de fuera de ordenación, como cita el propio TSXG.
Culleredo, por lo tanto, tras esta sentencia, tendría que reconocer la situación de fuera de ordenación de las construcciones del pazo, manteniendo su uso. El Ejecutivo local manifestó que la sentencia es “muy poco aclaratoria” sobre “el procedimiento a seguir”.
