El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de emitir la última de las sentencias relacionadas con la expropiación de las tres casas situadas en zona verde al borde de la playa de Bastiagueiriño, dos de ellas ya derribadas. El Alto tribunal gallego avala también en este caso la valoración que realizó el Jurado de Expropiación de Galicia de la tercera de las viviendas, propiedad de la familia del portavoz del PP, José Bonome.
Los jueces ratifican la tasación que realizó el Jurado de Expropiación, que valoró el inmueble y su finca en 294.612 euros, un 18,75% más que el justiprecio que había fijado el Concello de Oleiros de 248.085 euros. El importe es, con todo, muy inferior al que demandaban los propietarios, que exigían 691.829 euros.
Los jueces han rechazado ahora el recurso interpuesto por los dueños de la vivienda a través de la sociedad Marjosa SL y refrendan la valoración realizada por el Jurado de Expropiación. La Justicia se pronuncia en la misma línea en las otras dos viviendas. En la primera elevó su justiprecio un 30% (394.273 euros en lugar de los 302.247 euros que les había reconocido el Ayuntamiento) y, en la segunda, lo incrementó hasta casi el doble (de los 163.366 euros que establecía el Concello hasta los 294.612 euros).
En todos los casos, el TSXG sentenció que lo que importaba era el valor catastral de las viviendas, que contaban con la preceptiva licencia, y no la clasificación del suelo que le daba el plan general, es decir, valorar lo existente y no el estimado en función de las previsiones del plan general. El PXOM calificó estos terrenos como zona verde, el ahora denominado parque As Trece Rosas, por lo que las viviendas quedaban fuera de ordenación y además con la concesión de Costas finalizada en 2018.
El Alto tribunal avaló en todos los casos incrementar la tasación con respecto a la que había fijado el Concello, pero rechazó a su vez las valoraciones realizadas por los propietarios afectados. En el caso de esta tercera casa, los jueces sostienen que el precio que reclaman los dueños no está apoyado en ningún informe pericial ni estudio económico y que se basaba en una supuesta renta mensual de 3.500 euros al mes “a partir de ofertas de alquiler que no constan acreditadas, no asimilables a la finca litigiosa”.
