En Riobao 62B los vecinos llevan quince años inmersos en una anómala situación urbanística: las diez casas del ámbito disponen desde el año 2007 de la preceptiva licencia de primera ocupación, pero el Concello de Sada todavía no ha recepcionado las obras de urbanización por la existencia de diversas deficiencias, como una red de saneamiento en pendiente invertida que genera malos olores y continuos atascos, lamentan los residentes.
El vial de la urbanización también permanece en un limbo por diversos desperfectos, como un desnivel entre la calzada y el camino vecinal colindante. El hecho de que no haya sido recepcionado, afirman los residentes, se traduce en carencias en el mantenimiento, tanto del vial como de los puntos de luz y propicia el descontrol: “Aquí la gente aparca como quiere”, apuntan.
A lo largo de los últimos años, los vecinos de Riobao 62B han llamado en innumerables ocasiones a las puertas del Concello para reclamar una solución, que, sostienen, pasaría por ejecutar el aval de 60.000 euros de la promotora y acometer de forma subsidiaria los trabajos para solventar de una vez por todas las deficiencias en la urbanización.
Ante la demora administrativa y las respuestas contradictorias del Concello, que en 2013 sostuvo que ya se había ejecutado el aval y que posteriormente, ya con el actual equipo de Gobierno local , adujo todo lo contrario, los residentes reclamaron el amparo de la Valedora do Pobo, que estimó su demanda y en diciembre de 2020 instó al Concello a aclarar si existe o no el aval y a “proceder con urgencia a realizar las actuaciones administrativas pertinentes para poner fin a la situación provocada por la falta de recepción de las obras en los términos legalmente establecidos”.
La Valedora estimó la queja de la comunidad de propietario e instó al Concello a solventar la situación
Veinte meses después, la comunidad de propietarios de Riobao 62B aguarda aún por una solución. Las anomalías urbanísticas de este ámbito fueron objeto de debate en el último pleno ordinario a instancias del PSOE y PP, que le afearon al Ejecutivo municipal su tardanza en ejecutar el aval para solventar de una vez las deficiencias que detectaron los técnicos ya en 2008 y regularizar la urbanización.
Los socialistas cuestionaron además la legalidad de una autorización que concedió el Concello en 2017 para que el propietario de una vivienda ajena al ámbito se enganchase a la red que discurre bajo el vial, todavía sin recepcionar. El PP, por su parte, denunció lagunas en el expediente, en concreto la ausencia de un informe del técnico de Urbanismo de 2013 en el que se habría apoyado supuestamente el anterior alcalde, Ernesto Anido, para informar a los residentes de que el aval ya había sido ejecutado.
El alcalde, Benito Portela, afirmó desconocer la existencia de ese informe y avanzó que dispone ya de las memorias para solventar las deficiencias de este ámbito. Los informes cifran el coste de los trabajos en 62.000 euros (38.000 euros los de la red de saneamiento y 24.000 euros los del vial). El regidor matizó que no todas las obras podrán ejecutarse con cargo al aval de 60.000 euros depositado por la promotora, dado que algunas partidas no coinciden con el proyecto de obra que se le requirió a la empresa en su momento.
Portela achacó los problemas que padece este ámbito a un informe de 2007 que circunscribía la licencia de primera ocupación a las viviendas y defendió que, a pesar de que ni el vial ni la red de saneamiento han sido recepcionadas, el Concello sí asume su mantenimiento.
