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Vecinos de plaza de Galicia convocan una protesta y el Concello de Culleredo anuncia la reparación pendiente desde 2019

El juzgado mandó al Ayuntamiento arreglar las filtraciones a garajes hace cuatro años | El Gobierno local achaca la demora a Patrimonio

Charco por filtraciones en un garaje de la plaza de Galicia. I. R.

Vecinos de la plaza de Galicia de O Burgo han convocado una protesta por la demora en la reparación de las filtraciones que afectan a sus garajes, que un juzgado ya ordenó asumir al Ayuntamiento en 2019 y que todavía no ha comenzado. El Concello anunció ayer, con la manifestación ya convocada, para el próximo día 16, que Patrimonio había autorizado la remodelación de la plaza, que irá más allá del arreglo de las filtraciones, y aseguró que “numerosos cambios exigidos desde la Xunta, debido al paso del Camino Inglés, retrasaron la licitación de la obra, que espera ver la luz en las próximas semanas”, a pesar de que el juzgado ya requirió al Concello en 2020 para que cumpliese la sentencia que le ordenaba “reparar los daños y perjuicios ocasionados”, mientras que el Concello no remitió el proyecto a Patrimonio hasta 2021.

El Concello de Culleredo elude concretar, en la nota de prensa en la que anuncia el visto bueno de Patrimonio, cuándo ha dado el departamento autonómico luz verde definitiva al proyecto. Fuentes próximas aseguran que se autorizó ya el pasado mes de junio. El Gobierno local afirma que “el primer requerimiento fue el 3 de junio de 2021 y, más de un año después, se obtienen todos los permisos”. El proyecto contará con un presupuesto de 1,367 millones de euros y pretende dar a la plaza “una imagen más moderna, con el peatón como protagonista”. “El proyecto del Concello contempla un cambio sustancial tanto en su estética como en sus prestaciones, con un nuevo parque infantil y remodelación del firme” , detalla el Gobierno local.

El PP de Culleredo ve “intolerable” que el Ejecutivo “quiera justificar su falta de gestión y de trabajo con los trámites con Patrimonio”. La portavoz popular, Izaskun García Gorostizu, critica que el Gobierno local anuncia la contratación del proyecto tras conocer la convocatoria de la manifestación y cuando tardó unos dos años en solicitar la obra a Patrimonio desde la sentencia.

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