El Palacio Municipal de María Pita, en A Coruña, acogió en enero de 2003 el Consejo de Ministros en el que se dio el último impulso al proyecto para trasladar las mercancías peligrosas del puerto fuera de la ciudad. La opción escogida fue la construcción de un nuevo puerto en el entorno de punta Langosteira. Las obras comenzaron en 2005 y la dársena entró en funcionamiento en 2012. Desde entonces, poco a poco, se han implantado más de una decena de empresas. Todas ellas han de pagar cada año el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). ¿A quién se lo abonan? Al ayuntamiento en el que se encuentran, es decir, Arteixo, que, al menos a nivel tributario, ha sido uno de los grandes beneficiados de esta operación. Recauda 620.000 euros anuales, según detallan fuentes municipales.
El Concello tiene registradas, con datos del último ejercicio económico cerrado, a doce empresas, que son las que deben hacer frente a estos tributos —en el puerto están asentados, entre otros, los operadores Olesosilos de Galicia, Pérez Torres, Terminales Marítimos de Galicia, Galigrain, Repsol y Hormigones Carral—. Incluso propia Autoridad Portuaria está obligada a pagar el IBI por los terrenos que posee.
Además, desde la entrada en funcionamiento del recinto de Langosteira, el Gobierno local asegura que ha ingresado 2,5 millones de euros por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). En este caso, las empresas solo lo pagan cuando realizan la construcción de sus instalaciones.
El montante económico recaudado al año, previsiblemente, irá en aumento durante los próximos años por dos motivos: todavía están pendientes de incluir ampliaciones de naves realizadas en los últimos meses y se encuentran en tramitación proyectos de envergadura como las tres plantas de hidrógeno de Blackstone, Armonia Green Galicia y Enerfín (estas instalaciones, que necesitan de energía y agua, se ven fuertemente gravadas por el IAE debido a la potencia eléctrica instalada.
