El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña ha emitido un decreto que autoriza a la familia del dictador Francisco Franco a retirar los bienes muebles del pazo de Meirás, y que son justo los bienes que la Abogacía del Estado acaba de reclamar mediante una demanda interpuesta la semana pasada en los juzgados de Madrid. En esta demanda el Estado solicitaba como medida cautelar que se impidiese a los herederos trasladar estos bienes. Con este decreto del juzgado coruñés, los Franco podrían sacar del pazo incluso la mesa ante la que se formalizó en 2020 la entrega de las llaves de Meirás al Estado, una mesa que era de la escritora Emilia Pardo Bazán.
El decreto del juzgado estima en parte los recursos de reposición presentados por Estado, Xunta, Diputación y ayuntamientos de Sada y A Coruña, pero permite que los Franco saquen del pazo los bienes muebles, todos a excepción de los que están declarados como Bien de Interés Cultural (BIC), es decir, las esculturas de Mestre Mateo, la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán (con más de 3.000 volúmenes) y el hórreo. Para llevarse estos BIC precisarían, como dice el decreto, de la autorización preceptiva de la Xunta.
La familia Franco tampoco podrá trasladar los elementos que de acuerdo con el auto judicial del pasado mes de julio tienen la consideración de bienes inmuebles, pero podrían llevarse los demás que existen en el pazo de Meirás, como pueden ser los procedentes de la etapa de Pardo Bazán o los instalados por el Estado en el período entre 1938 y 1975.
El letrado de la Administración de Justicia precisa en este decreto que la retirada de los bienes tendrá que realizarse en “presencia de la comisión judicial y de las partes”.
¿Qué podrían sacar del pazo de Meirás los descendientes del dictador? Todo lo que figura en el inventario elaborado por la Xunta en el mes de noviembre de 2020, un listado de 697 objetos de varios siglos. Por ejemplo: cuadros, lámparas, sofás, porcelanas, relojes, tapices, alfombras.
El Estado y las otras administraciones que recurrieron pueden presentar contra esta resolución un recurso de revisión en el plazo de cinco días en el que podrán alegar que existe un procedimiento judicial en marcha, presentado la semana pasada en Madrid, en el que precisamente el Gobierno central solicita que la familia Franco no pueda retirar estos bienes hasta que se resuelva la demanda posesoria.
