La Xunta presentó ayer en el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid un escrito por el que se persona en la demanda de la Abogacía del Estado para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el pazo de Meirás.
Con este paso, el Gobierno gallego se suma al Concello de Sada, que ya presentó escrito de personación la pasada semana.
La Xunta destaca que con su adhesión pretende apoyar la “unidad de acción con el resto de administraciones” y recalca que ha reclamado insistentemente al Estado que plantee esta acción reivindicatoria para garantizar la permanencia en Meirás de los bienes vinculados a Emilia Pardo Bazán y a la dictadura.
En un comunicado, la Xunta argumenta que “la consideración como bienes de dominio público de determinados objetos relacionados con las dos personas que habitaron el inmueble (Pardo Bazán y Franco) y la permanencia de estos bienes en su contexto haría más transmisible y comprensible los acontecimientos históricos que allí se produjeron”.
Entiende también que “sería fundamental para difundirlo de un modo más preciso y auténtico a la ciudadanía” y añade que “las administraciones públicas tienen interés en que se acerquen los valores culturales de los bienes en las mejores condiciones y de la forma más precisa y completa posible”.
El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, defiende que la demanda reivindicatoria interpuesta por el Estado es la única forma de garantizar la permanencia en Meirás de los bienes dado que la ampliación del decreto de Bien de Interés Cultural a los mismos no supone en ningún caso un reconocimiento de titularidad. El responsable autonómico evitó nuevamente poner fecha para la declaración BIC de estos elementos —blindaje del que solo disponen la biblioteca y las esculturas del Mestre Mateo—, que supedita desde hace más de un año a la firma de un convenio con el Estado del que no trascienden avances.
El Concello de Sada y las entidades memorialistas urgen la ampliación del decreto BIC dado que, inciden, permitiría a la Administración ejercer una tutela de los mismos y obligaría a los Franco a notificar y solicitar autorización para cualquier traslado.
La Diputación, que se adhirió a la demanda por la propiedad del pazo de Meirás, analiza ahora si sumarse también a esta acción reivindicatoria de los bienes. A consulta de este diario explica que la Abogacía del Estado solo ha pedido que se cite como coadyuvantes a Sada y la Xunta y avanzan que analizan el “encaje legal” de personarse en la causa. El Concello de A Coruña, que también se adhirió a la demanda por la titularidad del pazo, apunta que no está emplazado a sumarse a esta causa y que solo se ha pedido el personamiento de Xunta y Concello de Sada.
