El futuro de El Chiringuito de Sada está en el aire. La concesión de este popular establecimiento hostelero a pie de la playa ha acabado en los juzgados a raíz de un enfrentamiento entre el Gobierno local y el grupo municipal del PSOE, que denunció ante la Fiscalía al alcalde por consentir durante años el funcionamiento del local a pesar de que el permiso de explotación venció, sin posibilidad de prórroga, en 2017.

Solo unos días después de declarar como investigado en el juzgado de Betanzos, el alcalde, Benito Portela, ordenó a los servicios municipales abrir el proceso para ordenar el cese de la actividad de este local y sacar a licitación la concesión. El regidor defiende que se limita a cumplir las recomendaciones que Secretaría plasmó en un informe al que tuvo acceso tras su declaración. El PSOE ve en este movimiento la prueba fehaciente de que Portela conocía y consintió las irregularidades.

A continuación, un repaso por la historia de este local y los acontecimientos que culminaron con la apertura de un proceso judicial todavía en fase de diligencias previas.

  • Primera concesión de 1983. El pleno de Sada acordó en 1983 adjudicar a Manuel Vicos la explotación de El Chiringuito y la limpieza y conservación del servicio público de aseos y duchas anexo. El permiso para la explotación de estos terrenos fue prorrogado por acuerdo de la comisión de gobierno de 1999 por un plazo de quince años (a contar desde el 16 de junio de 1998)
  • El Concello pide en 2012 la concesión de los terrenos. El alcalde de Sada entre los años 2011 y 2015, Ernesto Anido (PP), solicitó en 2012 a la Demarcación de Costas la concesión para la ocupación de 5.093 metros cuadrados de la Rúa da Praia entre La Sociedad y el final de la zona arbolada para la ordenación y urbanización de la zona. La concesión fue concedida en junio de 2017 por un plazo de quince años, prorrogables por un máximo de 30.
  • Costas autoriza en 2013 una prórroga de cuatro años a El Chiringuito. Mientras resolvía la petición del Concello, la Demarcación de Costas autorizó una prórroga de la concesión a los gestores de El Chiringuito. En su resolución advertía de que el plazo máximo de vigencia de la autorización era de cuatro años. En junio de 2017, Costas resuelve declarar la extinción de la concesión, comunicada al Concello en 2018.
  • La petición de un cambio en la licencia de actividad en pandemia desata la polémica. Con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 el heredero del negocio, Manuel Vicos, solicitó, al igual que otros muchos establecimientos de Sada, el cambio de actividad de café bar especial a cafetería. La petición se realizó en abril de 2021 y, en mayo, solicitó autorización el pasado 21 de mayo para continuar con la explotación del establecimiento hasta que salga a licitación y se adjudique la nueva concesión.
  • El PSOE presenta denuncia. El PSOE, que había requerido insistentemente información sobre los permisos de este establecimiento y otros de la calle Playa, anunció en julio de 2021 la interposición de una denuncia ante la Fiscalía. La socialista María Pardo acusó al alcalde de consentir la actividad de El Chiringuito con la concesión extinguida desde el 20 de junio de 2017, sin posibilidad de prórroga y sin pagar el correspondiente canon al Concello, que asumía desde junio de 2017 la concesión de los terrenos sobre los que se asienta el establecimiento y que pagaba a Costas un canon anual de 3.893 euros. El alcalde defendió que había un expediente abierto para regularizar la situación de El Chiringuito y que la deuda no había prescrito: “Sada no va a perder ni un euro con esta gestión”, recalcó.
  • Secretaría insta la recuperación urgente de los terrenos. En septiembre de 2021, la secretaria municipal emitió un informe que concluía que procedía la recuperación urgente del dominio público para destinarlo al uso para el que fue concedida una autorización al Concello y, de ser compatible, sacar a licitación una nueva concesión. Intervención, por su parte, había emitido meses antes un informe en el que recordaba que este tipo de concesiones deben otorgarse en régimen de concurrencia competitiva para fijar el canon y que en que en este caso, con El Chiringuito en precario, su titular debía pagar al menos el coste que la concesión tuvo para el Concello desde 2017 (3.893 euros anuales). En septiembre de 2021, el alcalde dictó una providencia para iniciar el proceso de desahucio y recuperación de los terrenos, al que alegó el titular del negocio.
  • La Fiscalía denuncia al alcalde por prevaricación. En julio de 2022, la Fiscalía interpuso una denuncia contra el alcalde por un posible delito de prevaricación omisiva por la “inacción municipal” desde mayo de 2018 al consentir la explotación del local con la concesión de la ocupación del dominio público vencida desde el 6 de junio de 2017 y “sin título alguno”. El fiscal, que presentó cargos también contra el responsable del negocio y el anterior edil de Urbanismo, llamaba la atención sobre el hecho de que el Concello consistió el funcionamiento irregular durante años sin cobrar además el preceptivo canon.
  • El alcalde defiende que no hubo trato de favor y ordena iniciar los trámites para el cese de la actividad. Portela prestó declaración como investigado el 29 de septiembre. A la salida, negó un trato de favor o dejación de funciones y recalcó que el titular de El Chiringuito paga el canon “puntualmente” y no se le condonó“ ni un céntimo. Portela atribuyó la demora en actuar se debió a la “complejidad” del expediente y a discrepancias entre los informes municipales y de Costas que le llevaron a realizar varias consultas. Cuatro días después de declarar, dictó una providencia de la que dio cuenta al juzgado para iniciar los trámites para el cese y abrir una nueva licitación. Portela aduce que se limitó a seguir las recomendaciones plasmadas por la secretaria en un segundo informe al que tuvo acceso tras prestar declaración. El PSOE, que se ha personado como acusación y que ve indicios de cohecho, tráfico de influencias y malversación, acusa al alcalde de intentar confundir y replica que Secretaría se limita a reafirmarse en las conclusiones de su primer informe, en el que instaba ya a abrir una licitación. El juzgado ha citado a declarar como testigo a la secretaria para arrojar luz sobre este punto.