La Abogacía del Estado ha mostrado su oposición a la petición de los abogados de la familia del dictador Francisco Franco de que sea otro juez quien estudie la demanda que presentó la Administración Pública para reclamar la propiedad pública de 564 bienes muebles que se encuentran en el Pazo de Meirás, en Sada.
Según fuentes cercanas al procedimiento consultadas por Europa Press, los servicios jurídicos del Estado han presentado ya su escrito ante el Juzgado de Primera Instancia Número 70 de Madrid para oponerse a la declinatoria de jurisdicción que interpusieron los Franco.
La familia sostiene que la demanda de la Abogacía del Estado no es competencia de un juez de lo civil, sino de lo contencioso-administrativo. Los servicios jurídicos de la Administración se han mostrado en contra de este argumento.
La Abogacía se ha pronunciado después de que el juez Roberto Fernández suspendiera la vista —que tenía prevista para el pasado 21 de octubre— en la que escucharía las alegaciones del Estado y de la familia.
