El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha valorado en 2.376.885 euros las expropiaciones e indemnizaciones a pagar por la ejecución de la ampliación del puente de A Pasaxe, que supondrán el derribo de un único edifico, el conocido como Copigal. En total se expropiarán 12.392 metros cuadrados de los que 4.618 son urbanos y 1.046 son rústicos, mientras que 6.727 son dominio público marítimo terrestre.
La expropiación afecta hasta al radar de la Dirección General de Tráfico situado en el viaducto frente a Copigal (aunque en este caso después se repondrá). El Gobierno central no obstante matiza que esta valoración económica de la expropiación y las indemnizaciones es la que los técnicos han formulado inicialmente pero después se ajustará en cada caso al expediente expropiatorio que se abrirá.
De hecho el proyecto dice que incluye las hojas individuales de expropiación con cada indemnización, pero realmente no figuran, fueron excluidas del proyecto actualmente en exposición pública. Ni siquiera figura el dato de cómo se valora el metro cuadrado urbano ni rústico.
Sí figuran las valoraciones catastrales de los bienes afectados. En A Coruña esta obra afecta a cuatro parcelas urbanas, sin edificar, que suman 8.493 metros cuadrados. La mayoría, 6.245 metros, es suelo al borde del mar que ya es dominio público marítimo, junto al antiguo poblado chabolista de A Pasaxe. Otro terreno es propiedad de unos hermanos, al borde de la vía del tren; y otro es un camino municipal.
La cuarta parcela afectada es un solar de más de 4.000 metros al que le expropian la mitad, 2.053, y que es propiedad de Inmobiliaria Altramud, del conocido empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián. En el proyecto a exposición pública no se hace una valoración ni siquiera catastral de estas parcelas en A Coruña.
En el municipio de Oleiros son once los bienes afectados por la expropiación. La mayor afección se produce en el edificio de Copigal, que será derribado íntegramente, el único caso recogido, aunque los propietarios del inmueble señalan que la "demolición no es inminente". El edificio de Copigal consta de dos construcciones, una semicircular y otra rectangular, además de dos plantas sótano y un semisótano.
El Gobierno central ofrece una valoración solo catastral de 335.379 euros respecto a los garajes del edificio. Otros 48.593 euros suponen el valor catastral de un local semisótano junto con otros 50.944 euros del valor del suelo, propiedad del mismo dueño de los garajes. La oficina de la empresa Copigal se tasa en 80.627 euros más 84.529 de valor del suelo.
El dueño de un taller es el propietario de otro local comercial en este edificio que se derriba, y se tasa en 111.585 euros la construcción y en 116.984 el suelo. Una abogada que posee dos locales cuenta con una valoración de 46.587 y 44.437 euros por la construcción y el suelo de uno de ellos y 29.423 y 28.065 euros por otro. Otro local es propiedad de un arquitecto y en su caso lo construido se tasa en 23.387 euros y el suelo en 24.519 euros. Según los propietarios del inmueble, "son erróneos los datos de superficie que se asignan a cada uno de los locales que componen el edificio" en el proyecto expuesto por el Ministerio de Transportes. Las empresas que trabajan en las instalaciones siguen, a día de hoy, con su actividad en las mismas.
Además de los cinco propietarios en Copigal (dos inmuebles son del mismo), el Concello de Oleiros también figura como expropiado por los 1.024 metros cuadrados de suelo rústico que le quitan entre este inmueble y el mar, una zona donde se reúnen los mariscadores de la ría antes y después de faenar; y también 1.078 metros cuadrados más del vial municipal por el que se accede a este edificio. La última parcela expropiada son 482 metros cuadrados que son ya dominio marítimo.
Además de estas expropiaciones definitivas se realizarán otras temporales, ocupando terrenos solo mientras duran las obras. En este caso el ministerio subraya que la tasación de las ocupaciones temporales, si es suelo rústico se valorará “en el 30%” del valor del terreno y en suelo urbanizado se estima un 2% anual (se fija en 36 meses la duración de la ocupación) del valor. Se realizarán también valoraciones por rápida ocupación y también por las servidumbres.
Viviendas protegidas que son “zonas de exclusión”
El ministerio marca unas “zonas de exclusión” por la ubicación de construcciones protegidas junto al puente. En la orilla de Oleiros figuran dos en el catálogo del Concello. Una es la Casa Carnicero, ahora prácticamente desaparecida tras el derribo que realizó el Concello (y que está judicializado). El proyecto no le toca a lo que queda de la casa e instalará la prevista escalera peatonal adosada al puente (ejecutada en zigzag) en la zona más cercana al mar. La otra construcción protegida es la Casa de las Chinchillas, un edificio de 1880 rehabilitado íntegramente en 2012, situado a pocos metros del edificio de Copigal. No se tocará el edificio pero se eliminará un tramo de ocho metros de un cierre lateral. El propietario de esta casa ha visto en los últimos años cómo se ha reducido cada vez más su finca: el Concello ya le expropió parte del muro del cierre frontal y un cobertizo lateral para ampliar un vial de salida de la urbanización Hábitat.
En A Coruña también se marca como zona de exclusión la Casa Grande al pie del puente y cerca de las vías del tren.
