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Culleredo tramita aún la liquidación al club de A Garrocha tras anular el contrato en 2018

El pleno acordó rescindirlo hace cuatro años tras las denuncias reiteradas de la oposición | Adeudaba 326.000 euros por canon impagado, sin incluir la indemnización al Concello

Instalaciones deportivas de A Garrocha en 2019. | // L.O.

La Corporación local de Culleredo aprobó en diciembre de 2018 la rescisión del contrato de gestión de las instalaciones deportivas de A Garrocha a la concesionaria, la empresa Club de Campo As Mariñas, por el impago del canon durante años sin que el Concello reclamase hasta que alertaron los grupos municipales del BNG y del PP. Solo del impago del canon la empresa adeudaba 326.000 euros, a los que había que sumar la indemnización que tenía que calcular el Ejecutivo. Cuatro años después el Concello aún tramita esta liquidación del contrato.

El Ayuntamiento formuló ya una propuesta de liquidación del contrato, firmado en 2003, pero aún está en el trámite de notificación y como no encuentra a la empresa concesionaria realizó la notificación a través del Boletín Oficial del Estado. La afectada tiene un plazo de tiempo para ver el expediente completo y formular alegaciones si considera que es necesario, en contra de dicha liquidación. Si no lo hace en plazo o no realiza alegaciones, se dará por definitiva dicha liquidación y se podrá por fin reclamar la cuantía económica adeudada.

La tardanza en la reclamación del canon a abonar por la concesionaria fue criticada por los grupos de la oposición en 2018 y ahora también se demora el cobro efectivo de la deuda en diversos trámites burocráticos de hacer las cuentas, notificar y abrir un plazo de alegaciones. En medio ha tenido lugar la crisis sanitaria que también ha podido retrasar esta reclamación.

Los nacionalistas presentaron varias iniciativas en plenos por los incumplimientos y deficiencias de A Garrocha e incluso recordó la existencia de informes de Secretaría e Intervención sobre la posibilidad de depurar responsabilidades.

El actual alcalde, José Ramón Rioboo, explicó en 2018 que este problema lo había heredado de su predecesor Julio Sacristán, y ahora bajo su mandado se han tomado medidas y se llevó el asunto para rescindir el contrato en pleno, lo que fue aprobado en 2018. La empresa había dejado de pagar en 2007. También el PP llevó este asunto a sesiones plenarias preguntando por una estimación económica de las pérdidas y recordando que el aval depositado en su día por la empresa no cubría todo el impago.

Junto a esta reclamación administrativa y económica, también se tramita un asunto judicial. La Fiscalía Provincial vio indicios de prevaricación y en 2019 abrió diligencias.

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