La Xunta en mayo del año pasado dio luz verde definitiva al área comercial que promueve el Concello de Cambre junto a la Nacional VI en O Graxal, al lado de las Casas Bailly, aprobando la modificación del planeamiento y reclasificando casi 44.000 metros cuadrados como suelo urbanizable de usos terciarios. Tras esta fase, este pasado verano el Gobierno local aprobó de forma inicial los estatutos y bases de actuación de la junta de compensación de este sector de suelo urbanizable que suma 4,4 hectáreas de superficie. Este trámite supone que los titulares de los terrenos pueden, y deben, integrarse en esta junta de compensación.

El Concello de Cambre ha notificado ya a los afectados, siete personas, la aprobación inicial de los estatutos y bases por lo que ahora tienen un plazo para integrarse. Según la legislación, si los titulares no entrar en la junta de compensación pueden ser expropiados o sus parcelas ocupadas.

La creación de una junta de compensación supone un reparto de cargas y beneficios entre los propietarios, abonando gastos de urbanización y después recibiendo las parcelas de resultado, una vez urbanizadas, en proporción a la superficie de suele que aparte cada uno.

Este desarrollo, dirigido a crear un área comercial en O Graxal cerca de las Casas Bailly, fue aprobado por la Xunta tras considerar que se daban las “razones de interés público que justifican los cambios propuestos desde el punto de vista social y económico”, porque supone “potenciar la economía local” y las “actividades existentes en el entorno”, lo que “reforzará el núcleo urbano de O Temple”.

La reclasificación de este suelo como urbanizable para actividades terciarias también considera compatible el uso dotacional (un 20% del total), con una edificabilidad máxima de 0,62 metros cuadrados por metro cuadrados. Se ejecutarán también dotaciones públicas, equipamientos, espacios libres y zonas verdes.

El Gobierno local en su día destacó el “estímulo para la economía local y el empleo” que supondrá el desarrollo de este suelo en O Graxal. El alcalde de Oleiros calificó en su día este proyecto como “un atentado a la legalidad” y un “pelotazo” (defendía el desarrollo a través de un nuevo plan general y no una modificación de las normas), lo que llevó a Cambre a presentar una denuncia por calumnias, archivada por el juzgado en 2021.