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La Audiencia Nacional rechaza suspender que La Terraza de Sada revierta en el Estado

Desestima la medida cautelar presentada por la familia que explota el inmueble contra la denegación de la prórroga, que según sus gestores les obligaría a desmontar el edificio

Detalles modernistas del exterior del edificio de La Terraza de Sada. | // VÍCTOR ECHAVE

Mientras en los juzgados se dirimen los muebles del pazo de Meirás que son del Estado, después de recuperar el propio edificio para el patrimonio público, a escasos metros, también en Sada, se produce una disputa por la propiedad de otro bien inmueble: La Terraza. El Estado rechazó prorrogar la concesión que se otorgó en 1922 para ocupar terrenos de dominio público con este quiosco de “refrescos y licores” y la familia que lo explota presentó un recurso contencioso administrativo contra este denegación que les impide continuar con el negocio. La Audiencia Nacional acaba de dictar un auto en la que, de forma cautelar, desestima la petición de la familia de suspender la decisión del Gobierno central de denegarles la prórroga de la concesión de La Terraza.

La familia que gestiona este inmueble que es Bien de Interés Cultural (BIC) alegó en su recurso que si se les niega la prórroga para seguir ocupando suelo público tendrían que desmontar La Terraza, que afirman que es de su propiedad, al igual que en 1922 se trasladó el inmueble desde A Coruña a Sada. Afirmaron que continuar con la concesión no perjudica a nadie, que el edificio es “imagen de la villa” y presta un servicio a los vecinos y vecinas (funciona como restaurante y también organiza conciertos) y negaron que la concesión incurra en causa de caducidad. Por eso reclamaron como medida cautelar, mientras no se resuelve el pleito que presentaron, que se paralizase la ejecución de la resolución del ministerio de 2021 que les denegó la prórroga.

La Audiencia Nacional en el auto emitido rechaza esta medida cautelar de paralizar la resolución pues considera que no se acreditó que denegar la prórroga produzca “perjuicios irreparables” pues si al final la familia gana el pelito serían nulas las resoluciones del ministerio y podrían pedir indemnizaciones económicas. Los magistrados resaltaron que deben “prevalecer el intereses públicos” sobre “el mero interés” de los particulares, de los gestores de La Terraza. Recordó que tampoco se va a demoler el edificio, al ser BIC y proponer el Estado su conservación.

Una Real Orden otorgó en 1922 a Hipólito Suárez la ocupación de terrenos en dominio público marítimo para un quiosco de madera y cristal para vender refrescos y licores en la playa con título precario, una concesión que en 1970 se transfirió a la familia Fariña, que en 2017 solicitó la prórroga de la concesión. El Concello se opuso a dicha prórroga: recordó que el plan general califica la Terraza como sistema general de equipamiento socio-cultural público y que “no consta” la autorización de subrogación de la concesión.

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