La Terraza de Sada: un “superviviente único” en la encrucijada

El emblema modernista de Sada languidece inmerso en un conflicto judicial y sin acuerdo para su rehabilitación

La Terraza de Sada.   | // VÍCTOR ECHAVE

La Terraza de Sada. | // VÍCTOR ECHAVE / Antares Pérez

Una recogida de firmas a través de la plataforma change.org lleva reunidas cerca de ochocientas rúbricas para “parar la demolición” de La Terraza de Sada, el emblemático quiosco modernista, la postal más representativa de esta villa marinera. Pero ¿está realmente este Bien de Interés Cultural en riesgo de derribo tal y como alertan los concesionarios en la campaña que han puesto en marcha para “movilizar a la población”? ¿Qué pasará el 17 de enero, fecha en la que el Estado ha fijado la reversión de los terrenos tras declarar extinta la concesión?

A continuación, una brújula para orientarse en el conflicto abierto entre la Administración y los actuales gestores de esta joya modernista, un superviviente único y singular de los pabellones modernistas que languidece en precario estado de conservación, inmerso en pleitos y sin que trasciendan avances en las negociaciones para su rehabilitación.

¿Cómo llegó La Terraza a Sada?

Vio la luz hace más de un siglo como uno más de los quioscos de refrescos que proliferaban en el Relleno coruñés. La construcción de la actual Terraza en los jardines de Méndez Núñez puso punto final de la etapa coruñesa de este frágil edificio de madera, hierro y vidrio que fue adquirido por Manuel Zapata e Hipólito Suárez en 1921 y trasladado a Sada tras obtener una concesión para la ocupación de terrenos en dominio público marítimo terrestre.

El edificio, que pronto se convirtió en el epicentro de la vida cultural, fue hipotecado y adquirido en 1943 por José Fariña, el hostelero que había regentado el negocio desde el principio y abuelo de los actuales gestores. La Terraza pasó por varias etapas, fue objeto de diversas remodelaciones y sufrió un lento declive a raíz de la desaparición del tranvía. El inmueble, rehabilitado por la Xuntaa finales de los años ochenta, presenta hoy un estado precario debido a un mantenimiento insuficiente y el impacto del tráfico rodado, entre otros extremos.

¿Está protegida?

Esta joya del modernismo goza desde 2020 de la máxima protección tras ser declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento. La Consellería de Cultura destaca en su resolución que se trata de un “superviviente único y singular” de los antiguos quioscos modernistas que “sobrevivió a la desaparición casi absoluta de sus coetáneos”. Apela a sus “valores arquitectónicos y artísticos, la calidad del diseño, los espacios de uso diáfanos, claros y vivos, teñidos de colores y de elementos ornamentales con una geometría sensual y acogedora”. El plan general de Sada le otorga la máxima protección y lo califica como sistema general de equipación sociocultural.

¿En qué situación se encuentra la concesión?

El Ministerio de Transición Ecológica desestimó el pasado octubre el recurso de los gestores de La Terraza contra la denegación de una prórroga de la concesión para la ocupación de terrenos en dominio público marítimo-terrestre. El Estado dio la razón al Concello de Sada, que alegó que la prórroga contravenía la Ley de Costas al haberse establecido el plazo máximo legal de los 75 años. Los actuales gestores han recurrido vía contenciosa esta denegación.

La Audiencia Nacional ha rechazado su petición de suspender cautelarmente la reversión y el Estado ha fijado ya fecha para recuperar los terrenos de dominio público. Será el próximo 17 de enero.

¿La reversión afecta solo a los terrenos o también al edificio?

Los gestores de este quiosco modernista defienden que el edificio es de su propiedad y que el Estado solo puede recuperar los terrenos de dominio público objeto de la concesión. Subrayan que La Terraza es una instalación “desmontable” y amenazan con reubicarla en otro municipio.

Costas niega este extremo y, a consulta de este diario, subraya que “las instalaciones revierten en el Estado sin perjuicio de lo se decida en las instancias judiciales con los recursos presentados” contra la denegación de la prórroga de la concesión. Fuentes del organismo estatal recuerdan que la Ley de Costas establece que en casos de extinción de una concesión, la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las instalaciones o su retirada del dominio público y que, en caso de optar por el mantenimiento, revertirán en el Estado gratuitamente y libres de cargas. En el caso de La Terraza, la resolución estatal que declaró extinta la concesión decreta su mantenimiento por su valor patrimonial.

¿Puede demolerse o trasladarse La Terraza?

Como Bien de Interés Cultural, esta joya del modernismo goza de la máxima protección por lo que no puede demolerse. Los propios gestores admiten que la ley no permitiría el derribo, pero advierten de que el auto de la Audiencia Nacional recoge esta posibilidad, pese a que los propios jueces precisan en la resolución que, en este caso concreto, el Estado ha optado por mantener el edificio.

La Consellería de Cultura evita pronunciarse al ser consultada sobre si autorizaría el traslado a otro municipio. Sostiene que “se trata de un asunto complejo, que implica a varias administraciones y a los propios titulares del edificio y que es necesario analizar la situación en profundidad”. La Ley de Patrimonio Cultural de Galicia establece que los BIC son “inseparables” de su contorno y que “no podrá procederse a su desplazamiento salvo que resulte imprescindible por causa de caso fortuito, fuerza mayor, utilidad pública o interés social”.

¿Qué defienden las Administraciones?

El Gobierno central sostiene que la denegación de la prórroga sitúa al Estado como “titular del bien” y plantea transferir su gestión a otra Administración para su rehabilitación con cargo al programa del 2% cultural. El Concello aprobó en 2020 reclamar la desafectación de los terrenos y la cesión de La Terraza para proceder a su rehabilitación vía convenio con Xunta y Estado. La propuesta prosperó con el voto en contra de dos de los partidos que gobiernan ahora en Sada: PSOE y PP. La alcaldesa, María Nogareda (Alternativa), que en aquel momento se mostró partidaria de la cesión, se limita ahora a decir que repasará el expediente y que “todo lo que se haya establecido legalmente será la tónica a seguir”.

El PP defiende que la Xunta “tiene derecho de tanteo y retracto” sobre este BIC: “Entendemos que nadie mejor para acometer la rehabilitación del edificio”, afirman los populares, que defienden que las obligaciones del Concello pasan por modificar el PXOM para incorporar la declaración de BIC y las determinaciones específicas para su protección y reordenar el entorno para cumplir lo estipulado en el decreto. El PSOE, que defendió en el pasado un acuerdo con los gestores, a los que considera los legítimos propietarios, no se ha pronunciado. Sadamaioría acusa a los concesionarios de trasladar a la ciudadanía “cuestiones que no se ajustan a la realidad de los hechos”. La formación defiende que el Gobierno presidido por Benito Portela, “hizo lo que tenía que hacer en defensa del interés público general y de la normativa legal” y se limitó a defender la imposibilidad de la prórroga por excederse el máximo legal, “lo mismo que interpretó tanto la Abogacía del Estado como reiterados informes del Consejo de Estado”, recalca. Sadamaioría presentará al próximo pleno una moción para reclamar la cesión de La Terraza al Concello y un acuerdo conveniado con Xunta y Estado para “poner remedio cuanto antes a la lamentable situación del inmueble”. El BNG planteará al pleno pedir la concesión administrativa del inmueble y establecer convenios para su conservación y rehabilitación.

¿Qué defienden los actuales gestores?

La familia Fariña defiende que son los legítimos propietarios de La Terraza, que fue adquirida por su abuelo, y reclaman un acuerdo con las administraciones que respete sus derechos como titulares del bien. Ellos confían en que la Justicia les dará la razón y les concederá finalmente una prórroga en la concesión. Vaticinan que La Terraza sucumbiría por falta de cuidados si el Estado tomase posesión del edificio que, insisten, tienen derecho a trasladar por ser “desmontable”.

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