Afectados en Culleredo por la permuta de Vilaboa fían las indemnizaciones a la ejecución de la sentencia

El constructor Manuel Landeira, condenado por alzamiento de bienes, recurre el fallo judicial | Los denunciantes confían en que la Audiencia Provincial mantenga la condena

Terrenos afectados por la permuta incumplida en Vilaboa. |   // LA OPINIÓN

Terrenos afectados por la permuta incumplida en Vilaboa. | // LA OPINIÓN / Sara Vázquez

Los afectados por la permuta incumplida de Vilaboa, que se quedaron sin sus tierras y casas y sin los pisos y el dinero pactados a cambio, confían en poder cobrar las indemnizaciones pendientes en la ejecución de la sentencia que condenó al constructor Manuel Landeira, quien ha recurrido el fallo ante la Audiencia Provincial. El abogado de las familias denunciantes, Manuel Ferreiro, espera que el recurso se desestime y que la jueza de instancia, cuando detalle cómo cumplir la sentencia —siempre que no se absuelva al condenado—, ordene al empresario pagar las indemnizaciones ordenadas una sentencia anterior, de 2011, y dicte cómo proceder a los pagos para evitar que alegue insolvencia, apunta el letrado.

“Nuestro objetivo es que mantengan la condena y Landeira pueda, en su día, optar a una suspensión de condena con el pago de la indemnización correspondiente”, apunta Ferreiro. “Las propiedades ya no se pueden retornar en la situación actual, pero sí el dinero que se había fijado en su día en la sentencia, de cuyo cumplimento se escaqueó este señor”, afirma el letrado. “La ley dice que el condenado tiene que pagar la indemnización para no entrar en la cárcel, para optar a la suspensión de la pena”, explica.

El abogado sostiene que “el Código Penal dice que, aunque estés en mala situación, puedes ir pagando”. “Es una indemnización muy elevada, pero este señor tiene dinero por otros lados”, asegura. “En la práctica, te declaras insolvente y te libras de la cárcel y la otra parte no cobra. Queremos que se le obligue a cumplir, aunque sea en plazos”, concreta Ferreiro.

La jueza de instancia, del Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña, se remitió a la sentencia de 2011 al ordenar a Landeira pagar la indemnización ya fijada en aquel fallo, de 120.000 euros a cada familia. La cuantía no se ha podido cobrar hasta la actualidad porque los querellantes se encontraban “a la cola de los acreedores”, recogió la jueza de sus declaraciones en sede judicial, en el proceso celebrado en junio del año pasado. La sentencia, de septiembre, aclaró que “no se reclaman intereses de demora”, por lo que al importe de la indemnización se sumará solo la mora procesal que se acumule desde la fecha de la resolución hasta el pago.

Las familias denunciantes optaron por no presentar recurso a la sentencia “después de mucho pensarlo y hablarlo”, confiesa Ferreiro. Considera que es “una buena sentencia, muy fundamentada”, y advirtió a sus representados de que, si recurrían, se exponían a que se considerase una apelación temeraria y se les impusiesen las costas.

Landeira fue condenado por alzamiento de bienes a ocho meses de prisión, multa de 1.440 euros y un tercio de las costas, incluidas las de la acusación, además de a abonar en concepto de responsabilidad civil 120.202 euros a cada una de las dos familias que integraron la acusación particular, como dictó la sentencia en 2011. La pena se rebajó por dilaciones indebidas en el procedimiento, ya que se había declaración a Landeira en 2013 y el juicio no se celebró hasta junio de 2022. El presidente de los empresarios coruñeses, Antonio Fontenla —que había prestado dinero a Landeira y se quedó con las fincas en calidad de garantía por el impago del crédito— y el apoderado que intervino en la operación de préstamo, Dositeo Rodríguez, resultaron absueltos del delito de estafa. La Fiscalía solo pidió prisión para Landeira.

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