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Moción de censura en Sada: La oposición planta al pleno por no dar cuenta de la expulsión definitiva de los ediles del PSOE y Alternativa

Los concejales se aferran a la siglas y apelan a defectos en la notificación o el procedimiento | PSOE y PP de Bergondo aprueban la compatibilidad de María Pardo, aunque la alcaldesa ve “ilegal” y una "burla" su propuesta global de retribuciones

Benito Portela, en el centro, en el momento de abandonar el pleno ordinario de Sada. | // LA OPINIÓN

El pleno ordinario de Sada finalizó este jueves de forma abrupta tras abandonar la sesión los ediles de Sadamaioría y BNG ante la negativa del Gobierno localde dar cuenta de la expulsión definitiva de los ediles del PSOE y Alternativa de sus partidos y decretar, en consecuencia, su paso a no adscritos y la disolución de los grupos municipales.

Los dos grupos abandonaron la sesión tras instar al pleno a tomar conocimiento de la expulsión definitiva de los dos ediles del PSOE, acordada por el partido y comunicada por registro al Concello el 24 de enero, y de la de los concejales de Alternativa dos Veciños, trasladada de forma “reiterada” por la formación.

El portavoz de Sadamaioría, Fernando Fariña, advirtió de las “responsabilidades que podrían derivarse tanto de la pasividad en la toma de decisiones respecto de los tránsfugas” y de avalar retribuciones prohibidas por Ley de Bases de Régimen Local”. “No podemos ser cómplices de esta actitud obstruccionista y oscurantista que tan solo pretende dilatar una resolución plenamente ejecutiva que no admite más interpretaciones ni demoras”, defendió Fariña, que acusó al “Gobierno tránsfuga” de “violentar la ley”, la “voluntad ciudadana y las propias decisiones de las organizaciones políticas”, que apartaron a los ediles por suscribir una moción de censura sin su autorización (la expulsión del PP todavía no ha sido aprobada de forma definitiva).

La concejala María Pardo defendió que ni ella ni su compañero en el grupo municipal del PSOE, Ramiro Blanco, habían sido “notificados fehacientemente” de la expulsión definitiva, fechada del 23 de enero. La edil cargó contra el PSOE provincial y contrapuso su “premura” en anunciar la expulsión con las “trabas” que puso en su día para asesorarles en su denuncia contra el por entonces alcalde, Benito Portela, por la concesión de El Chiringuito. La edil fue más allá y vinculó esta “comunicación apresurada” con el hecho de que asuma la Secretaría de Organización Diego Fernández, “primo carnal de Benito Portela”. “Estos son los hechos, suyas las conclusiones”, ironizó.

La alcaldesa, María Nogareda, se limitó a desear “buenas noches” a la oposición y lanzarle una pulla: “Estoy deseando que los partidos hagan las cosas bien para traer a pleno la condición de no adscritos, porque a ver de qué se habla entonces”.

Obras del POS y ampliación de la concesión del Curruncho

Los ediles de Sadamaioría y BNG abandonaron la sesión tras aprobar el pleno por unanimidad el cambio de la ordenanza del feirón para que el cobro de tasas sea semestral y otra de la normativa de tráfico para que las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar puedan aparcar en zonas de carga y descarga en horario laboral, así como otras personas que determine la Alcaldía en casos de necesidad.

El pleno dio también luz verde por urgencia a la ampliación de la concesión de Costas en la zona del Curruncho hasta 2032, solicitada ya en 2018, y a las obras a financiar con cargo al Plan de Obras y Servicios: 508.189 euros para el campo de fútbol de césped artificial de Carnoedo y 201.436 euros para la sustitución de redes y nuevos servicios y pavimentación en Praciña da Mariña, Rúa Oriente y Rúa do Sol. Se trata de dos proyectos que ya estaban redactados desde hace tiempo y que fueron aprobados tras actualizar los precios.

Todos los puntos prosperaron por unanimidad, pero la oposición echó en cara al Ejecutivo que presentase asuntos de la relevancia de las obras a financiar con cargo al POS por urgencia y sin darles toda la documentación hasta horas antes del pleno. El Ejecutivo municipal afeó a Sadamaioría y BNG que critiquen ahora lo que hacían habitualmente en el gobierno.

Debate paralelo en Bergondo: La compatibilidad de María Pardo divide al pleno

A la misma hora, el pleno de Bergondo daba ayer luz verde con los votos del PSOE y PP a la compatibilidad del puesto de María Pardo como funcionaria en el Concello con su dedicación parcial como edil en Sada. La alcaldesa bergondesa, Alejandra Pérez, dejó claro su desacuerdo con la propuesta en su conjunto, que reconoce a María Pardo un salario bruto anual de 23.671 euros en 14 pagos como funcionaria y otro de 25.200 euros anuales como concejala en Sada.

La regidora bergondesa llegó a tachar de “burla” la dedicación parcial al 90% y la propuesta de Pardo de trabajar como funcionaria los lunes de 9.00 a 15.00 horas y de 15.15 a 19.15; los martes y miércoles, de 9.00 a 15.00 horas, y los jueves y viernes de 8.30 a 15.00 y, como edil, de martes a viernes de 15.00 a 22.00 y los sábados de 15.00 a 21.00 horas.

Pérez Máquez dejó claro que considera la propuesta en su conjunto “ilegal” y con más motivo tras haber sido expulsada y declarado tránsfuga, incidió. Apeló con todo que le corresponde a Sada impedirlo, criticó que el Concello vecino hubiese aprobado la propuesta sin preguntar antes por el salario que percibiría María Pardo como funcionaria, y subrayó para finalizar que Bergondo no puede negarle su derecho a la compatibilidad avalada por los juristas.

Alternativa y BNG votaron en contra. El portavoz de la formación de la margarita se mostró especialmente crítico con la propuesta de horarios de María Pardo. "Va a trabajar de 9.00 a 15.00 horas aquí y a partir de las tres de la tarde y hasta las diez trabajará ya en Sada, entiendo que se teletransportará y trabajará todos los días entre entre 14 y 15 horas, una auténtica superwoman", ironizó Fariña.

El portavoz del BNG, David Carro, pidió que el asunto quedase sobre la mesa hasta que se resuelvan todas las dudas y votó en contra tras rechazar la alcaldesa esta posibilidad alegando que se la había planteado a los técnicos del departamento jurídico y que estos se habían reafirmado en que el acuerdo era correcto.

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