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La Asociación de Concellos del Camiño Inglés alega al parque eólico San Bartolomé

Redacción

A Coruña

La Asociación de Concellos do Camiño Inglés ha presentado alegaciones al proyecto del parque eólico Monte San Bartolomé por su impacto negativo sobre el patrimonio natural e histórico de la ruta. Además, la agrupación de concellos solicita a la Xunta que emita una declaración de impacto ambiental negativa al proyecto eólico, que afecta a los ayuntamientos de Abegondo, Carral, Mesía y Ordes.

“Consideramos que el parque eólico es ilegal e incompatible con el Camino Inglés por diferentes motivos”, explica el presidente de la asociación de concellos, Manuel Mirás. “Entre otros aspectos, incumple el contorno de protección del Camino”, asegura el representante de los ayuntamientos. Detalla que la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia prevé que “las obras y actividades en el ámbito delimitado de los caminos de Santiago serán compatibles con la conservación y protección de sus valores propios” y “deberán mantener las características principales del territorio que lo conforma, lo que supondrá preferentemente el mantenimiento de los núcleos tradicionales y de las actividades agropecuarias y forestales, sin que por ello tengan encaje los aerogeneradores”.

El presidente afirma que “la misma ley matiza que los caminos de Santiago no son solo su trazado caminable y la zona de protección que los ampara”, sino que “incluyen todos los elementos funcionales y el territorio circundante (elementos físicos, vestigios históricos presentes en el territorio, interacción del Camino con el territorio humanizado y los elementos intangibles)”. “El promotor omite el análisis del impacto del parque sobre estos elementos físicos e intangibles, analizando única y deficientemente el impacto físico y visual”, asevera Mirás. Solicita el pronunciamiento del comité asesor del Camino de Santiago y un informe de opinión del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago.

“La obligación de preservar el Camino de Santiago traspasa el ámbito legal”, defiende. “Es un deber moral, social y político defender el mantenimiento y la conservación de lo que más nos representa en Galicia”.

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