El tribunal de contratos tumba la exclusión del actual asesor jurídico de Sada del concurso

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia ha estimado el recurso interpuesto por el abogado que desempeña las labores de asesoría en Sada contra su exclusión en el concurso público para contratar una asistencia jurídica, judicial, social y defensa en juicio.

El abogado, Miguel Torres Jack, que representó al Concello de Sada en causas como la del pazo de Meirás, interpuso el recurso especial en materia de contratación al ver “desproporcionados y excesivamente rigoristas” los motivos alegados para su exclusión en el concurso que impulsó el nuevo Gobierno local.

Según el acta de la mesa de contratación, este abogado fue excluido del proceso por no aportar el acuse de recibo de la solicitud de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

El tribunal da la razón al recurrente y llama la atención sobre el hecho de que, aunque no aportó el acuse de recibo, sí presentó una solicitud de inscripción en la que constaba la fecha, lo que permitía comprobar que se había realizado el trámite antes de la fecha final de la presentación de ofertas, extremo del que también había dejado constancia además en una declaración responsable.

El tribunal advierte al Concello la “necesidad de respetar los principios de concurrencia y proporcionalidad” y recuerda que la exclusión de proposiciones en un concurso público es una decisión “especialmente gravosa” y que las administraciones no deben “rebasar los límites de lo que resulta apropiado y necesario para lograr los objetivos perseguidos”.

La mesa de contratación recibió 19 ofertas para realizar este servicio de asesoría jurídica y excluyó siete por diversas deficiencias en la documentación. Tres de los aspirantes excluidos recurrieron, pero el tribunal solo aceptó el recurso de Miguel Torres Jack.

Integrantes del Ejecutivo, especialmente la edil de Contratación, María Pardo, se mostraron críticos con este abogado, al que acusaron de hacer informes ad hoc a cambio de los contratos sucesivos sin concurso. La necesidad de licitar sin más demora este servicio fue uno de los motivos esgrimidos por los grupos para presentar la moción de censura.