El BIC de los bienes de Meirás vuelve al Parlamento a instancias del BNG tras dos años sin trascender avances

La Cámara aprobó por unanimidad en mayo de 2021 iniciar los trámites | El Bloque urge medidas para garantizar la integridad del sitio histórico tras obtener los Franco permiso para retirar los objetos autorizados por la Justicia

Interior de uno de los salones del pazo de Meirás.

Interior de uno de los salones del pazo de Meirás. / CONCHI PAZ

Antares Pérez

La ampliación del decreto de Bien de Interés Cultural para blindar los bienes del pazo de Meirás será de nuevo objeto de debate en el Parlamento. El BNG presentará una nueva iniciativa para instar esta declaración a punto de cumplirse dos años de que O Hórreo aprobase por unanimidad iniciar este trámite para evitar que los nietos del dictador Francisco Franco pudiesen llevarse elementos vinculados a este sitio histórico.

Las circunstancias han cambiado desde entonces, dado que la Justicia ha dado la razón al Estado y ha declarado “inseparables” del pazo más de un centenar de bienes y ha decretado el depósito cautelar de otro medio millar hasta que se resuelva la demanda reivindicatoria. A pesar de que los Franco no podrán vaciar el inmueble, como pretendían en un primer momento, sí podrán llevarse cerca de cuatrocientos objetos, entre otros, parte del mobiliario de los salones, incluidos algunos conjuntos isabelinos, y numerosas piezas ornamentales que no han sido reclamadas por el Estado.

El BNG urge la ampliación del BIC después de que el juzgado haya dado vía libre a los Franco para retirar los elementos autorizados por la Justicia. Los hermanos Martínez-Bordiu podrán comenzar a llevarse estos bienes el 26 de junio. “No se puede explicar el pazo de Meirás sin todo su conjunto patrimonial completo”, defiende la diputada Mercedes Queixas, que alerta del riesgo de que As Torres pierda “parte de su identidad”.

La declaración BIC no supone un reconocimiento de titularidad, pero permitiría a la Xunta ejercer cierta tutela sobre los bienes, dado que tendría que autorizar cualquier traslado. El Gobierno gallego se mostró inicialmente de acuerdo con la ampliación, pero en los últimos meses apeló a la “incoherencia” de declarar BIC bienes “privativos” de los Franco, algo que se contradice con su actuación con la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

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