El juzgado suspende la entrega de bienes de Meirás a petición de los Franco

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha aceptado la solicitud de la familia Franco y ha acordado la suspensión de la diligencia de entrega de bienes muebles del pazo de Meirás, cuyo inicio estaba señalado el día 26 de junio.

En la diligencia de ordenación, el juez indica que el Estado ha mostrado su conformidad con la suspensión de la entrega de bienes muebles que la Audiencia provincial permite retirar a los herederos del dictador Francisco Franco.

Como avanzó este diario, los hermanos Martínez-Bordiu han accedido a retrasar la mudanza hasta que los tribunales decidan exactamente qué piezas podrán llevarse del conjunto del inventario. Los Franco podrían llevarse más de cuatrocientos elementos que no han sido reivindicados por el Estado en la demanda interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid.

La relación de bienes que carece actualmente de ningún tipo de protección y que los nietos del dictador podrían cargar en camión de mudanzas incluye buena parte del mobiliario de los salones, un altar portátil de madera, cuadros, tapices, lámparas o buena parte del mobiliario de los dormitorios del primer piso.

Los Franco deciden retrasar la retirada de sus bienes de Meirás hasta resolverse los juicios

La suspensión de la entrega se produce después de que la Justicia decretase que hasta 128 elementos son “inseparables” del pazo de Meirás, ya sea porque fueron instalados con vocación de permanencia o porque no pueden retirarse sin provocar daños en el edificio. El listado abarca los conjuntos de piedra del jardín, como hórreos, cruceiros y esculturas, así como piezas de la capilla, que incluyen sarcófagos, lápidas, un confesionario y pilas de agua bendita.

Tras esta resolución, el Estado presentó una nueva acción reivindicatoria de 564 elementos que considera de su propiedad y que incluyen una mesa y una pareja de cornucopias traídos desde el Palacio del Pardo. Otros 153 elementos son piezas incorporadas antes de 1975 y que, según la argumentación del Estado, estaban vinculados al uso público del pazo como residencia de verano del dictador, mientras que el conjunto más amplio son 409 documentos, que van de memorias a planes de obra y documentos clasificados.

Los Franco aguardarán hasta que la Justicia se pronuncie sobre esta demanda y sobre el recurso que presentaron ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que decretó la titularidad pública del pazo.