Oleiros rechaza la petición de subida de la empresa de limpieza que alegó pérdidas

La nueva contratista, que compró la adjudicataria original, estima que tendrá un déficit de 30.000 euros este año | Los técnicos recuerdan que el pliego no prevé la revisión de precios

Colegio de A Rabadeira, uno de los incluidos en el contrato de limpieza. |   // 13FOTOS

Colegio de A Rabadeira, uno de los incluidos en el contrato de limpieza. | // 13FOTOS / M. Villar

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Los técnicos municipales de Oleiros han coincidido en que no procede aceptar la revisión de precios formulada por la empresa adjudicataria de la limpieza de la mayor parte de los edificios municipales. La sociedad alegó que el contrato no es rentable ahora mismo y calculó en algo más de 30.000 euros el déficit para este año 2023.

La Junta de Gobierno Local de Oleiros adjudicó en julio de 2020 a Limpiezas San Froilán tres lotes del contrato de limpieza: el primero incluye los colegios de Infantil y Primaria (Rabadeira, Parga Pondal, Luis Seoane y Valle Inclán); el segundo los edificios administrativos, bibliotecas, casas do pobo y el faro de Mera, entre otros; y el tercer lote abarca las escuelas infantiles (A Pardela, As Galeras, A Canteira y A Braña). El contrató se hizo por tres años, hasta septiembre de 2023, con posibilidad de prórroga por otros dos.

En abril de 2022 la sociedad ISS Facilility Services SA compró Limpiezas San Froilán, pasando a ser la adjudicataria de la licitación. En agosto de este año, la Junta de Gobierno aprobó la primera prórroga, hasta agosto de 2024. Antes, en mayo de este año, ISS Facility presentó un escrito en el Ayuntamiento en el que manifestaba que el contrato no le salía rentable, tenía déficit, y solicitaba la revisión de precios.

La empresa alegó una subida de los salarios del personal tras el convenio de limpieza de A Coruña que los elevó un 5,5%, además del aumento del precio de los productos de limpieza y la subida del IPC en un 15,6% entre septiembre de 2020 y abril de 2023.

Tanto el informe jurídico como el de Intervención destacaron que los pliegos del contrato no recogían la posibilidad de la revisión de precios o tarifas y que rige el principio de riesgo y ventura del contratista, según la legislación, salvo casos de fuerza mayor. Los técnicos subrayaron que alegar la subida del IPC es “irrelevante” desde que la Ley de desindexación dejó de aplicar este índice a los contratos administrativos. Respecto a la modificación de los costes laborales también recuerdan que es un “riesgo propio del convenio público de servicios”. Sobre la subida de los materiales por la inflación insisten en que no procede considerar el IPC y, en todo caso, dicho incremento es muy pequeño. Recordaron también que si la empresa no ofertase precios bajos para lograr el contrato no le afectarían tanto las subidas.

La adjudicataria también planteó la posibilidad de que el Concello licitase de nuevo el contrato antes de finalizar la prórroga pero los técnicos destacaron que es el órgano de contratación, el Ayuntamiento, el que acuerda las prórrogas y estas son obligatorias para el adjudicatario.

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