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Choque entre la gestora de la escuela infantil y Bergondo por el contrato

La concesionaria solicita un restablecimiento del equilibrio económico por pérdidas

El Concello rechaza la petición y reprocha a la empresa que presentase una oferta a la baja

Un aula de la escuela infantil municipal de Bergondo. |  La Opinión

Un aula de la escuela infantil municipal de Bergondo. | La Opinión

Redacción

Bergondo

La concesionaria de la escuela municipal de Bergondo, Los Peques, ha presentado ante el Concello de Bergondo una solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato por supuestas pérdidas. La empresa, que ha resultado de nuevo adjudicataria del servicio, alega, entre otros motivos, a la alta inflación, el incremento de los costes salariales o a los perjuicios generados por criterios «restrictivos» del reglamento de régimen interior de este centro educativo.

El Concello de Bergondo rechaza los motivos alegados por la empresa en base a un informe conjunto de Secretaría e Intervención. Los habilitados nacionales argumentan que la concesionaria aceptó «incondicionalmente» los pliegos en el momento en que concurrió a la licitación, contra los que no presentó alegaciones ni recursos.

El Ayuntamiento afirma además que la concesionaria incurrió en una «baja temeraria» en su oferta y que al ser requerida por este motivo, manifestó que «incluso en la peor situación de encontrarse en el tramo de cuarenta o menos niños, podrían realizar la prestación del servicio».

El Concello sostiene que los criterios fijados en el reglamento del servicio, en concreto el relativo a la exigencia de empadronamiento, «se ha mantenido a lo largo del tiempo». Sobre el incremento de los gastos de personal, argumenta que las subidas derivadas del convenio colectivo «no pueden considerarse algo imprevisible» y son «un riesgo que el contratista debe soportar».

Concello y adjudicataria discrepan sobre el tipo del contrato, en concreto sobre que el servicio se gestione como concesión. Bergondo alega que fue la fórmula acordada por el pleno en 2005, que implica la «transferencia al concesionario del riesgo operacional».

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