Concellos afectados por la AP-9 exigen a Audasa 2,3 millones del IBI de 2023
Los ayuntamientos de la provincia de A Coruña reclamarán sus 1,2 millones en atrasos a través de la Diputación | Los 22 municipios reunidos en Abegondo acuerdan crear una asociación

Representantes de concellos afectados por la autopista AP-9, este jueves en Abegondo. | | CARLOS PARDELLAS
Concellos gallegos afectados por el paso de la autopista AP-9 reclamarán a Audasa 2,3 millones de euros, en total, por los cuatro meses de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que no cobraron de 2023. Los ayuntamientos de la provincia de A Coruña tramitarán esta demanda, de 1,2 millones de euros, a través de la Diputación, según aseguraron este jueves el alcalde de Abegondo, el popular José Antonio Santiso, y el portavoz de la institución provincial, el socialista Bernardo Fernández, tras una reunión celebrada en el Consistorio abegondés.
Al encuentro asistieron representantes de 22 ayuntamientos, gobernados por el PP, el PSOE o partidos independientes, como UniónxCambre y Alternativa dos Veciños, pero no los presididos por el BNG. Los mandatarios municipales acordaron también reclamar bonificaciones para los vecinos de concellos por los que discurre la AP-9 en las cuantías que tengan que abonar por su uso de la vía, como existen ya en País Vasco o Navarra; pedir que se actualice la ponencia del Catastro; y crear una asociación de municipios afectados, señaló el alcalde anfitrión tras el encuentro.
La reclamación de los atrasos del pasado ejercicio se realizará siguiendo el criterio que se aplicó en el caso del Concello de Valga, que demandó a título individual y consiguió que se le abonase ese IBI pendiente. Fernández explicó que existe otro criterio técnico que interpreta que no puede abonarse por no ser una tasa anual, ya que abarca solo una parte, y el devengo se realiza por año natural. Por este motivo, las diputaciones, administraciones que asumen la función recaudatoria en la mayoría de los casos, aplicaron el cobro del 100% solo desde enero del 2024, por lo que quedan cuatro meses de 2023 sin cobrar desde que finalizó la bonificación. Ahora, tras conocer el precedente de Valga, seguirán la línea argumental que sirvió a ese concello.
La petición de bonificaciones para los usuarios de la autopista residentes en ayuntamientos atravesados por la infraestructura se planteará en varios porcentajes, en función de las circunstancias de los residentes. Se baraja fijar un descuento máximo del 20% para los «colectivos más desfavorecidos», explicó Santiso.
Los ayuntamientos han consensuado también solicitar al Catastro que actualice la ponencia de valores, lo que redundará también en un incremento de los precios que tendrán que abonar a los ayuntamientos la concesionaria de la autopista, Audasa. El portavoz de la Diputación señaló que la última ponencia de valores se realizó en 2007, de modo que «lo que paga Audasa» es conforme a los valores de aquel año, cuando todavía no se abonaba IBI. Santiso y Fernández dan por hecho que la concesionaria presentará un recurso, pero se muestran convencidos de reivindicar los «derechos» de los municipios por los que discurre la vía de alta capacidad.
La cita contó con la asistencia de 22 de los 33 concellos por los que pasa la autopista. El alcalde abegondés, que promovió el encuentro, explicó que los ayuntamientos que asistieron a la cita formarán una asociación e invitarán también a asistir a los demás afectados aunque no acudieran a la cita. Santiso destacó la ausencia en este encuentro de representantes del Concello de Santiago, ahora gobernado por el BNG y que solía asistir. Otros, como Culleredo y Pontecesures, habían confirmado su asistencia pero finalmente no pudieron acudir. En concreto, participaron Ames, Bergondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, A Coruña, Ferrol, Mesía, Miño, Mos, Narón, Neda, Oleiros, Ordes, Oroso, Paderne, Padrón, Pontedeume, Portas, Teo y Valga, además del ayuntamiento impulsor y anfitrión, Abegondo.
El alcalde abegondés, que promovió el encuentro, defiende que se ha decidido crear una asociación para «hacer fuerza conjunta». «Queremos reivindicar nuestros derechos tras 50 años de agravios», sostiene Santiso y apunta que se empezará de inmediato a trabajar en la redacción de los estatutos para constituir la asociación, que se enviarán a los ayuntamientos para que los aprueben en sus respectivos plenos. Además, analizarán la parte proporcional de aportaciones e ingresos que corresponde a cada uno de los concellos que se sume al proceso, en el que asesora un despacho especializado, en función de cuánto tramo de AP-9 pase por su territorio.
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