Nueva derrota judicial de los Franco: Un juez reconoce al Estado 559 bienes más del pazo de Meirás

Un juzgado de Madrid estima íntegramente la demanda estatal y destaca la «grandísima relevancia histórica» de las piezas por su vinculación a Pardo Bazán o porque hacen del pazo «un espacio central para el análisis de la dictadura» | Condena a los Franco a pagar las costas | El fallo puede recurrirse aún ante la Audiencia Provincial

Uno de los salones del pazo de Meirás

Uno de los salones del pazo de Meirás / Conchi Paz

Sada

El Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha estimado íntegramente la demanda de la Administración General del Estado, a la que se adhirieron la Xunta de Galicia y el Concello de Sada, para reclamar la titularidad de 559 bienes del pazo de Meirás. El juez Roberto Fernández Muñoz rechaza todos los alegatos de los herederos del dictador Francisco Franco, a quienes condena a pagar las costas y a los que afea en varios momentos en la sentencia la falta de pruebas documentales o periciales para sostener sus argumentos. El fallo no es firme y puede ser objeto de recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Los bienes demandados con éxito por el Estado se dividen en tres categorías. El conjunto más amplio está formado por 409 documentos que, según la Abogacía del Estado, forman parte del Patrimonio Histórico Español y que los Franco pretendían llevarse del pazo de Meirás alegando que se trataba de bienes de «carácter privado» o «simples copias y recopilaciones de proyectos de leyes o boletines de información».

El magistrado, en base a las declaraciones de peritos como Severiano Hernández (que ejerció como subdirector de los archivos estatales y que tiene 40 años de experiencia en este campo) llega a la «íntima convicción» de que estos 409 elementos «forman parte del Patrimonio Documental Español».

Se trata, apunta, de documentos anteriores a 1975 que, independientemente de que consten o no de membrete o escudo, fueron confeccionados o depositados por funcionarios de la Casa Civil en la residencia oficial de verano del Jefe de Estado, en la que se celebraron varios consejos de ministros. Algunos de estos documentos, advierte el magistrado, tienen un «elevadísimo valor histórico y cultural que reflejan el devenir de la historia política, económica y social de España entre 1938 y 1975»: «Ofrecen testimonio de la vida sindical de la época, las inquietudes de la juventud adepta a un régimen político concreto, las infraestructuras y el tejido industrial y ganadero, etc

El juez concluye que las fotografías tampoco pueden considerarse simples momentos de la vida privada de la familia Franco, sino «actos institucionales». Para ilustrar esto último, apunta en concreto a una instantánea de Franco con su esposa en un reclinatorio que «se encontraba ubicada en restaurantes y otros lugares públicos de la época como propaganda institucional».

Al tratarse de bienes del Patrimonio Histórico, subraya el magistrado, estos no pudieron ser adquiridos por los Franco por prescripción adquisitiva o usucapión, es decir, por su uso continuado y pacífico a lo largo del tiempo.

Cuadros y muebles de Emilia Pardo y la dictadura

Otro conjunto de bienes que pasan a ser patrimonio del Estado por similares argumentos está formado por mobiliario, piezas decorativas y obras artísticas pertenecientes a la época de la propietaria original de As Torres, Emilia Pardo Bazán y de sus descendientes (de 1904 o a 1938) o que fueron incorporadas tras su adquisición para su uso como residencia estival del dictador Francisco Franco. La Abogacía del Estado apoyó su reclamación en las periciales de los historiadores Miguel Anxo Rodríguez y Emilio Grandío, de la entidad Hispona; del perito especialista en Emilia Pardo Bazán Jesús Ángel Sánchez, y del experto en el pazo de Meirás Manuel Pérez Lorenzo.

Inicialmente el Estado reclamaba 153 bienes, aunque en la vista renunció a cinco de ellos. El juzgado avala las conclusiones de los peritos y concluye que todos estos elementos «fueron adquiridos por el Estado por prescripción adquisitiva con la finalidad de quedar afectos a un servicio público esencial y relevante, cual fue la ornamentación, decoración y dotación de la residencia oficial del Jefe del Estado en el periodo estival».

En base a las declaraciones de los peritos, la sentencia distingue entre los bienes de la época de Pardo Bazán y otros incorporados posteriormente para acondicionar el pazo como residencia oficial.

El mobiliario y los elementos decorativos correspondientes a la dictadura tenían en objetivo, tal y como detallaron los peritos, de «reflejar la imagen que quería proyectarse sobre la Jefatura del Estado»: «Se pretendía volver a la decoración del periodo de los Austrias y ubicar bienes con simbología centralista y religiosa, con rechazo a las vanguardias propias de la República», recoge la sentencia, que llama la atención sobre la participación del artista Álvarez Sotomayor, adepto al régimen franquista, en la decoración, marcada por un gusto por lo barroco. Parte del mobiliario procede de la Fundación Generalísimo Franco, que realizó objetos decorativos, muebles y alfombras. Los peritos pudieron identificar estos bienes en fotografías de la época, noticiarios del NODO o en textos de Emilia Pardo Bazán o de periodistas y personas que visitaron el pazo en vida de la escritora.

Entre otros bienes, la sentencia detalla los retratos de Álvarez de Sotomayor o Zuloaga de Franco, su esposa y su hija, una ánfora fenicia regalada al dictador en 1974 o los trofeos de caza, la silla del despacho de Pardo Bazán y una vitrina instalada por ella, un cuadro que todavía conserva la etiqueta Calvacanti (yerno de Pardo Bazán)... Se trata en todos los casos, concluye el juez, de «bienes de elevadísimo interés histórico y cultural». En el caso de las piezas de la época de Pardo Bazán, destaca que son piezas «concebidas por la insigne escritora ara reflejar no solo su personalidad, sino también su obra» motivada por su deseo de crear «un espacio literario y cultural». Ella misma, subraya el magistrado, dejó escrito en una carta «que concibió estos bienes para su contemplación por los futuros visitantes del año 2000».

El magistrado avala las conclusiones de los peritos y concluye que los elementos instalados durante la dictadura «simbolizan valores propios del Estado autocrático de gran componente católico» y hacen de Meirás «un espacio central para el análisis de la dictadura». Cumplen, por tanto, las condiciones para formar parte del Patrimonio Histórico Español, dado «están integrados en la conciencia colectiva de una buena parte de la ciudadanía española» y tienen una «grandísima relevancia histórica no solo a nivel nacional sino también internacional».

El juez contrapone la «exhaustividad y rigor científico» de las periciales del Estado con las «imprecisiones» del testigo aportado por los Franco, guardés del pazo desde 2003. No acepta tampoco los alegatos de los descendientes del dictador sobre un «retraso desleal» en la interposición de la demanda.

Esta sentencia supone una nueva derrota judicial para los Franco. La Justicia reconoció la titularidad pública del pazo de Meirás, pendiente aún de un recurso ante el Supremo , y ha declarado otros 132 bienes “inseparables” de Meirás.

El Concello de Sada y la Comisión pola Memoria celebran la nueva "victoria"

El Concello de Sada y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica emitieron este viernes sendos comunicados para celebrar esta nueva «victoria» en el proceso para recuperar el conjunto del patrimonio público vinculado al pazo de Meirás.

El Concello y la Comisión consideran que la sentencia vuelve a darles la razón en su defensa de la titularidad pública de As Torres y todo lo que atesora. El Concello agradece especialmente el trabajo del perito Manuel Pérez Lorenzo, historiador de Sada, cuya investigación constituye una «parte fundamental de los éxitos alcanzados hasta ahora». La Comisión celebra el «nuevo varapalo judicial a los Franco» aunque recuerda que todavía está pendiente la resolución «más relevante».

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