Carral adjudica el servicio de ayuda a domicilio por un 45% más que en 2021

El Concello de Carral ha adjudicado el servicio de ayuda a domicilio (SAD) por 1,603 millones de euros (IVA incluido), un 45% más que los 1,1 millones por los que se adjudicó en 2021 tras veinte años pendiente de regularizarse el servicio. El contrato se adjudica por dos años a Azvase, empresa con sede en Asturias.

El presupuesto de licitación con el que se sacó a contratación el servicio ya era notablemente superior al de la convocatoria de hace tres años. Si en 2021 se licitó el contrato por 1,18 millones de euros, ahora se consignó un presupuesto de 1,604 millones. La empresa que ha resultado adjudicataria ofertó un precio por hora de 23,94 euros, frente a los 18,52 de la anterior contratada.

El contrato prevé que se presten en cada uno de los dos años de vigencia 24.5000 horas por la modalidad de dependencia y 9.000 por libre concurrencia, detalla el certificado de adjudicación. La empresa debe presentar, antes de la formalización del contrato, una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados al mismo.

El pliego de condiciones técnicas prevé la subrogación de 28 trabajadoras del servicio. La CIG reclamó el pasado mes de noviembre que el Concello de Carral «tenga en cuenta los derechos laborales de las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en la licitación del nuevo contrato» y «garantice que la empresa adjudicataria cumplirá con todas las obligaciones recogidas en el convenio colectivo de aplicación».

El PSOE llevó al último pleno ordinario un ruego en el que planteaba, «como complemento a los requisitos previstos en los pliegos», que se incluyera «un protocolo para garantizar el bienestar de las personas atendidas y las trabajadoras», como fijar la realización de una auditoría o informe de control del servicio por personal del Concello y de inspecciones mensuales en el domicilio como condición para pagar las facturas. Estos documentos, propuso la edila socialista, se remitirían a todos los miembros de la Corporación municipal.

La concejala de Servicios Sociales, Inmaculada Mantiñán, que se había reunido el día anterior con la edila del PSOE para abordar este tema, respondió en pleno que los pliegos ya preveían mecanismos que garanticen el buen funcionamiento y control del servicio. En concreto, en la cláusula 38 del pliego de condiciones administrativas, aseguró. Este apartado prevé medidas como que «el personal municipal en el ejercicio de sus funciones fiscalizará la gestión del servicio, inspeccionando el cumplimiento del contrato y pidiendo cuanta información sea necesaria para el cumplimiento de las tareas de fiscalización». También exige que la empresa presente documentación cada mes, antes de la factura electrónica.

Suscríbete para seguir leyendo