La Fiscalía abre una investigación tras pagos de facturas de Cambre

La propia alcaldesa, María Pan, expresó en alto en un pleno sus sospechas de que acabaría respondiendo ante un juez, pero lo asumía en aras de saldar deudas. Y la oposición avisó en la última sesión plenaria del abuso de pagos más por esa vía. La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación por un posible delito de prevaricación vinculado a los abonos de facturas atrasadas por diversos trabajos y servicios —algunos, esenciales en precario— que el Concello de Cambre ha sacado adelante en el último ejercicio a través de varios reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC). El Ayuntamiento ha saldado en lo que va de año 3,8 millones de euros con esta fórmula.

La Fiscalía incoó las diligencias tras tener conocimiento de pagos realizados por el Ayuntamiento cambrés. Fuentes próximas aseguran que la Fiscalía pidió información del funcionamiento del Concello de Cambre en los últimos diez años. Apuntan, además, que la denuncia ante el fiscal partió del departamento municipal de Intervención.

La interventora y la secretaria del Concello han informado en contra en numerosas ocasiones a los pagos realizados a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito y han puesto reparos, algunos suspensivos, en varias ocasiones. La «irregularidad manifiesta» de los servicios sin contrato vigente centra las principales objeciones de las habilitadas nacionales.

El anterior interventor también había informado en contra y puesto reparos a pagos de facturas por servicios en precario y había urgido a sacarlos a contratación. La actual interventora, de hecho, achaca el bloqueo de los últimos meses a haber procedido de esta forma durante años. «Este modo de actuar al margen de la normativa aplicable es el causante de la situación actual con los proveedores de servicios y suministros, así como del incumplimiento del período medio de pago del Concello», aseveró en el informe al último lote de facturas que se aprobó pagar, en noviembre. La funcionaria critica que el Ayuntamiento, «lejos de actuar procediendo a regularizar la situación, mantiene la prestación de servicios en precario con la irregularidad manifiesta que tal hecho provoca».

La habilitada insiste en que la vía adecuada para sanear la situación es la revisión de oficio de las contrataciones que originan estas facturas, procedimiento que el Gobierno local ha seguido en algunos casos. El Ejecutivo municipal de Cambre ha explicado en plenos que la fórmula del reconocimiento extrajudicial de crédito permite pagar con mayor agilidad y, así, evitar que el Concello acumule más deuda y que quienes ejecutan los trabajos y prestan los servicios puedan cobrar.

En el pleno de noviembre en el que se votó el último expediente aprobado, la alcaldesa avanzó que ultimaba el estudio de argumentos jurídicos para pagar las facturas a través de resoluciones de Alcaldía en los casos en los que hubiera crédito disponible. Esta fórmula evitaría comprometer a los grupos de la oposición, que en varias ocasiones han criticado tener que implicarse al aprobar o rechazar el pago de facturas fruto de gestiones y trámites del Gobierno local que no comparten.

Cambre impulsa el pago de 428.000 euros más en facturas a proveedores

La investigación de estos expedientes se suma a la que dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña sobre los pagos de horas extras a la Policía Local, el nombramiento, por libre designación, del exjefe del cuerpo municipal y el encargo de un informe externo sobre este proceso. En esta causa se investiga por presunta prevaricación y malversación al exalcalde, Óscar García Patiño, que dimitió tras meses de un bloqueo de pagos en el Concello, que cifró en cinco millones de euros y que achacó a la secretaria y la interventora.

Pagos y trámites atascados

La puesta al día de los pagos y el saneamiento de la situación avanza a trompicones. La empresa que se encarga de la limpieza viaria, Emprego Social —con contrato caducado desde enero de 2017, que continúa con las labores por mandato plenario, por tratarse de un servicio esencial, apunta— asegura que el Ayuntamiento le adeuda a día de hoy cerca de 270.000 euros. Después de que se declarara nulo el contrato tras la revisión de oficio, aguarda que Intervención realice la liquidación del periodo anterior e informe las facturas posteriores. El último pago, afirma el gerente, Felipe Ovalle, se efectuó en agosto.

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