El pazo de Meirás será un lugar de memoria democrática

El pazo de Meirás será un lugar para la memoria. El Gobierno ha accedido finalmente a la petición de los colectivos memorialistas y aprobará en agosto blindar la antigua residencia veraniega del dictador Francisco Franco mediante esta figura, incluida en la Ley de Memoria Democrática para preservar aquellos espacios en los que se «han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática» .

Así lo recoge el programa España en libertad que presentó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El documento prevé también la declaración como lugar de memoria de la isla de San Simón, otra antigua reivindicación de los colectivos memorialistas, muy críticos con el tratamiento que brinda actualmente la Administración a este espacio, que fue utilizado como campo de concentración entre 1936 y 1943.

La declaración de lugar de memoria es más que una distinción, supondrá en la práctica dotar al pazo de Meirás de «una función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora» y establecer «un régimen de protección y usos compatibles».

La declaración de As Torres como lugar de memoria democrática se producirá casi un lustro después de que la Justicia ordenase su devolución al Estado. La sentencia, pendiente aún de recurso ante el Supremo, fue acogida con satisfacción por todas las Administraciones y dio pie a la constitución de una comisión que debería fijar los usos futuros de este espacio y de la que no han trascendido novedades desde el acto de constitución.

Memorialistas elevan al Defensor del Pueblo el incumplimiento de los acuerdos de Meirás

El pazo de Meirás, pese a tratarse de un Bien de Interés Cultural, permanece desde 2020 prácticamente cerrado a las visitas. El Concello de Sada, la Administración que ha reclamado con más insistencia su declaración como lugar de la memoria, se encarga de gestionar los itinerarios, en su mayor parte por los jardines. Los visitantes solo pueden asomarse al vestíbulo y a la capilla, el resto de las estancias permanecen vetadas al público.

La parquedad de los recorridos, la negativa inicial del Estado a declarar Meirás lugar de memoria y la falta de avances en las negociaciones para fijar los futuros usos abrieron una fisura entre el Estado y los memorialistas. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña plasmó ese malestar en un escrito dirigido al Defensor del Pueblo en el que acusaba al Gobierno y a la Xunta de incumplir la ley de patrimonio en lo relativo al régimen de visitas del pazo de Meirás.

Al desencuentro entre Estado y memorialistas se suma la falta de sintonía entre el Gobierno y la Xunta en lo relativo a la resignificación del pazo de Meirás. El Ejecutivo de Pedro Sánchez han abogado con usos vinculados con la recuperación de la memoria histórica unidos a la restitución de la memoria de su propietaria «legítima», Emilia Pardo Bazán. «El relato tiene que cambiar radicalmente. Tiene que ser un lugar de dignidad para la memoria de este país», defendió la exministra de Memoria Democrática, Carmen Calvo, en 2020. La Xunta, en cambio, se muestra partidaria de priorizar los usos culturales vinculados a Pardo Bazán.

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