Un segundo juzgado cita a Patiño como investigado por prevaricación

Investiga la posible contratación reiterada de forma verbal, sin seguir el correspondiente procedimiento legal, tras denunciar la Fiscalía | La causa se suma a la abierta por la Policía Local

El exalcalde de Cambre, entre la secretaria y la interventora, en un pleno en 2023.

El exalcalde de Cambre, entre la secretaria y la interventora, en un pleno en 2023. / Arcay/Roller Agencia

El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha citado como investigado por un posible delito de prevaricación al exalcalde de Cambre, Óscar García Patiño. La citación se produce después de que la Fiscalía Provincial presentara denuncia al apreciar indicios de delito en contratos y pagos del Ayuntamiento de Cambre. Ahora, el juzgado investiga la posible contratación reiterada de forma verbal, sin el preceptivo procedimiento legal para tramitar y formalizar los contratos.

El juzgado, en su investigación de un posible delito, ha citado también a varios testigos, confirma el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que no puede por ahora facilitar la identidad de estas testificales. La jueza también ha solicitado documentación para estudiar el caso.

El Tribunal apunta que el delito concreto se definirá a lo largo de la investigación y los indicios que se investigan se enmarcan en un posible delito contra la administración pública y entrarían en el de prevaricación. La presunta irregularidad en la tramitación y formalización de contratos ha sido advertida en repetidas ocasiones por las habilitadas nacionales del Concello cambrés y sus predecesores.

La «irregularidad manifiesta» de los servicios sin contrato vigente centra las principales objeciones de las funcionarias a los pagos derivados de los trabajos contratados sin cumplir los procedimientos que prevé la ley. La interventora y la secretaria municipales han alertado y puesto reparos, algunos suspensivos, a la fórmula de pago seguida por el Concello para numerosas facturas vinculadas a contratos en precario o prorrogados: el reconocimiento extrajudicial de crédito (REC). Por este método, el Ayuntamiento abonó hasta 3,8 millones de euros en facturas pendientes en 2024, lo que motivó críticas en la oposición, que le afeó el abuso de este procedimiento, que se sometió a votación plenaria, lo que entraña responsabilidad para los concejales que voten a favor de pagos de facturas correspondientes a trabajos o servicios con reparos y defectos o irregularidades en su contratación.

La Fiscalía incoó las diligencias tras tener conocimiento de supuestas irregularidades en pagos realizados por el Ayuntamiento. Fuentes próximas aseguran que la solicitud de información y documentos por parte de Fiscalía sobre los contratos y abonos efectuados por el Concello abarca los últimos diez años. Apuntan, además, que la denuncia ante el fiscal partió del departamento municipal de Intervención.

El anterior interventor también había informado en contra y puesto reparos a pagos por servicios en precario y había urgido a sacarlos a contratación. La interventora actual, de hecho, ha achacado el bloqueo registrado en el Ayuntamiento en los últimos meses a que el Gobierno local procedió, afirma, de esta forma durante años. «Este modo de actuar al margen de la normativa aplicable es el causante de la situación actual con los proveedores de servicios y suministros, así como del incumplimiento del período medio de pago del Concello», aseveró en un informe a un lote de facturas de finales de 2024. Sostuvo que el Concello, «lejos de actuar procediendo a regularizar la situación, mantiene la prestación de servicios en precario con la irregularidad manifiesta que tal hecho provoca».

La actual alcaldesa, María Pan, ha explicado en diversas ocasiones que recurre al REC como fórmula legal para pagar a los proveedores y que esta vía resulta más ágil que la que sugiere la interventora, la revisión de oficio de los contratos en precario, proceso que sí se ha seguido en varios casos. La regidora incide, además, en que asume su responsabilidad y aboga por pagar a las empresas para evitarles un perjuicio y evitar que el Ayuntamiento incurra en un enriquecimiento injusto por no abonar servicios prestados. El bloqueo al que se refiere la interventora en varios informes llevó a la dimisión del exalcalde, que anunció su marcha en marzo de 2024, seis meses después de denunciar en rueda de prensa que el proceder de la secretaria y la interventora habían llevado a acumular 5,3 millones de euros pendientes de pago.

La interventora cambresa declaró como testigo en la otra causa judicial abierta en la que también se investiga al exalcalde, por presunta prevaricación y malversación: los pagos de horas extra y el nombramiento del exjefe de la Policía Local, que lleva el Juzgado de Instrucción número 5. El abogado de Patiño en esta causa, José Luis Gutiérrez Aranguren, aseguró a este diario, tras declarar Patiño en el juzgado, que «la denuncia es falsa» y defendió la legalidad del proceder del exalcalde.

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