Los concellos recaudarán 1,3 millones en atrasos por el IBI de la AP-9

Los 21 ayuntamientos por los que discurre la autopista AP-9 en la provincia de A Coruña acordaron este lunes, en una reunión en el pazo de Mariñán, que la Diputación liquide los atrasos del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de 2023 a la concesionaria de la vía, Audasa, y que solicite al Catastro la actualización de los valores que sirven para aplicar este tributo. Los atrasos del IBI abarcarían de agosto a diciembre de 2023 y supondrían unos ingresos de 1,3 millones de euros en total para los 18 concellos cuya gestión tributaria lleva la institución provincial —todos menos las tres ciudades—. Estos ingresos se sumarían a los 3,8 millones que la Diputación ya liquidó en 2024, al cobrar el impuesto al 100%, una vez expirada la bonificación del 95% de la que disfrutaba la autopista, informa la Diputación.

Los concellos han encomendado al ente provincial que tramite de forma conjunta la negociación con el Catastro para solicitar que se actualice la ponencia de valores. La institución asegura que ya ha iniciado conversaciones con la Dirección General del Catastro para intentar que acometa una actualización de estos precios, lo que redundaría en el cobro de mayores importes en concepto del IBI.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, lideró el encuentro junto al diputado de Hacienda y alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, y a los responsables de los servicios de Tesorería y Asesoría Jurídica de la institución provincial. Durante la reunión, González Formoso confirmó a los representantes de los gobiernos municipales que la Diputación atenderá la demanda de los municipios de reclamar a Audasa los atrasos en el IBI, correspondientes a los meses que van del 19 de agosto de 2023, cuando terminó la bonificación del 95%, hasta el 31 de diciembre de ese año.

Esta reclamación llega después de que la Diputación liquidara a Audasa el 100% del IBI de 2024, lo que supuso para los 18 concellos de la AP-9 que tienen delegada la gestión del IBI en la Diputación pasar de apenas 189.000 euros a cerca de 3,8 millones anuales. La decisión de liquidar el 100% del IBI de 2024 «se tomó de oficio, sin ningún coste para los concellos ni para la ciudadanía», apunta Formoso. Se realizó por los servicios tributarios de la Diputación en virtud del Real Decreto 173/2000, que en su cláusula vigésima establece el fin de la bonificación que dictó una ley de 1972 y que operó durante décadas, señala la institución provincial.

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La Diputación asegura que ya trabaja en la solicitud de actualizar la ponencia catastral. «Estamos en conversaciones con el Catastro para intentar hacerlo de modo consensuado. La Diputación tiene claro que su interés es cobrarle a la empresa que gestiona la autopista lo justo, lo mismo que paga cualquier vecino o vecina», afirma Formoso. La última ponencia de valores se realizó en 2007, según apuntó el portavoz del Gobierno provincial, Bernardo Fernández, en una reunión de concellos gallegos afectados por el paso de la AP-9 celebrada el pasado octubre en Abegondo.

En ese encuentro, celebrado a iniciativa del alcalde abegondés, José Antonio Santiso, y al que asistieron 22 de los 33 ayuntamientos de Galicia por los que pasa la autopista, se abordó la posibilidad de reclamar el IBI de 2023 y de crear una asociación. Santiso y Fernández, tras la reunión, ya avanzaron que la reclamación de los atrasos del IBI de 2023 se realizaría a través de la Diputación.

La institución provincial incidió ya entonces en que la última ponencia de valores databa de 2007, de forma que «lo que paga Audasa» es conforme a los valores de aquel año, cuando todavía no se abonaba IBI. Santiso y Fernández dieron por hecho que la concesionaria presentaría un recurso, pero se mostraron convencidos de reivindicar los «derechos» de los municipios por los que discurre la vía.

Los mandatarios municipales acordaron también entonces solicitar la actualización de la ponencia del Catastro. Plantearon, asimismo, la reclamación de bonificaciones para los vecinos de concellos por los que discurre la AP-9 en las cuantías que tengan que abonar por su uso de la vía, como existen ya en País Vasco o Navarra. La Diputación elude mencionar esta reclamación en las conclusiones trasladadas tras el encuentro de este lunes. También deja al margen, al menos por ahora, la posibilidad de iniciar una recuperación del IBI completo correspondiente a todos los años en los que Audasa disfrutó de la bonificación del 95%, cincuenta, apunta.

En la reunión de octubre, se presentó como precedente a seguir el caso del Concello de Valga, que había demandado el IBI de 2023 a título individual y había conseguido que se le abonase. Fernández explicó que existe otro criterio técnico que interpreta que no puede abonarse por no ser una tasa anual, ya que abarca solo una parte, y el devengo se realiza por año natural. Y ese es el motivo por el que las diputaciones, administraciones que asumen la función recaudatoria en la mayoría de los casos, habían aplicado el cobro del 100% solo desde enero del 2024, por lo que quedaron los cuatro meses de 2023 sin cobrar desde que finalizó la bonificación hasta que concluyó el ejercicio. Tras conocer el precedente de Valga, ayuntamientos y Diputación avanzaron que seguirían la misma línea argumental.

En enero del año pasado, Abegondo había convocado otra reunión, en la que un despacho especializado explicó que veía viable la reclamación, que finalmente asumió motu proprio la Diputación para 2024. El Concello abegondés ya había impulsado el cobro íntegro del IBI en 2017, para lo que se recurrió a Bruselas. La iniciativa no prosperó porque, señaló el Concello, entonces no se dieron las circunstancias legales. Pero una victoria en los tribunales a finales de 2023 de nueve ayuntamientos afectados por el paso de la autopista de León a Asturias, la AP-66, alentó a nuevo intento.