El Colegio de Secretarios e Interventores exige al Gobierno de Cambre una "condena pública" de los "ataques públicos y continuados" a las habilitadas del Concello
"Resulta preocupante la falta de una respuesta clara y contundente por parte del equipo de Gobierno", denuncia Cosital en un comunicado, en el que reclama al Ejecutivo de Unión por Cambre "medidas que protejan de modo efectivo" a las funcionarias

Desde la izquierda, la secretaria, la alcaldesa y la interventora de Cambre. / Iago López
El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) de A Coruña y Pontevedra exige al Gobierno local de Cambre -de Unión por Cambre (UxC) en minoría- una "condena pública" de los "ataques públicos y continuados" a las habilitadas nacionales del Concello cambrés. "Resulta preocupante la falta de una respuesta clara y contundente por parte del equipo de Gobierno", denuncia Cosital en un comunicado, en el que reclama al Ejecutivo de Unión por Cambre "medidas que protejan de modo efectivo" a las funcionarias, que han presentado sendas denuncias ante la Guardia Civil, que instruye diligencias de investigación para remitir al juzgado.
Cosital manifiesta su "más firme condena ante la campaña de hostigamiento que vienen sufriendo la secretaria y la interventora del concello de Cambre, que desde hace más de un año son objeto de ataques públicos y continuados por el simple hecho de realizar su labor". Y asevera: "Esta situación es inaceptable y atenta contra los valores de respeto y dignidad que deberían prevalecer en la sociedad". Critica que "la falta de una respuesta clara y contundente" del Gobierno local "refleja una tibieza que no tiene cabida ante situaciones de difamación e insulto personal". PP y BNG llevaron a pleno iniciativas para pedir respeto a las funcionarias. En la iniciativa de los populares, UxC pidió que se hiciese extensiva a todos los trabajadores públicos y políticos y que se eliminara la exposición de motivos, en la que se apuntaba -sin nombrarlas- a las dos habilitadas nacionales.
"No podemos aceptar que se normalice el empleo de descalificaciones personales como mecanismo de intimidación. La defensa de la integridad de la pública es clave para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones", defiende el colegio.
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