Oza-Cesuras indemniza a una educadora familiar por despido improcedente

El Concello alcanza un acuerdo extrajudicial con esta extrabajadora, a la que abona una compensación de 9.394 euros | El BNG critica la supresión de plazas

Pleno en Oza-Cesuras. | LOC

Pleno en Oza-Cesuras. | LOC

A. P.

Oza-Cesuras

El Concello de Oza-Cesuras ha llegado a un acuerdo con una educadora familiar a la que despidió «sin causa», como reconoce el alcalde, Pablo González Cacheiro, en un decreto en el que autoriza el pago a esta exempleada de una indemnización de 9.394 euros por despido improcedente.

El Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con esta trabajadora, que fue contratada en el año 2001. Lo hizo después de que esta interpusiese una denuncia ante el Juzgado de lo Social número 5 de A Coruña. Según informan fuentes judiciales, en el acto de conciliación, el Concello de Oza-Cesuras admitió el despido sin causa y reconoció a la ya extrabajadora una antigüedad desde el 13 de marzo de 2001.

El grupo municipal del BNG expresó este miércoles su rechazo por este despido y por la amortización de 7 plazas en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Gobierno local en el último pleno.

«Esta decisión podría afectar gravemente la prestación de servicios básicos y la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de la más vulnerable, ya que contempla la amortización de plazas del servicio de ayuda en el hogar y de educadora familiar», denuncia la portavoz del BNG, Estefanía Busto. La concejala considera que la reducción de trabajadoras del Servicio de Atención en el Hogar «evidencia una falta de planificación y un desconocimiento de la realidad social del municipio, donde este servicio es cada vez más importante debido al envejecimiento de la población».

El BNG critica que no se haya presentado ningún informe de Secretaría sobre la carga de trabajo ni un análisis económico que justifique la amortización de las plazas. Recuerda que la normativa vigente establece que el informe de Secretaría es «preceptivo y vinculante cuando se altera la estructura organizativa del Ayuntamiento, afecta los derechos laborales del personal o compromete la prestación de servicios esenciales».

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