La Junta de Gobierno de A Coruña da luz verde a facturar el agua a Aquaoleiros
El Concello cambia su norma para cobrarle también a empresas públicas
La Junta de Gobierno Local de A Coruña aprobó en su reunión de ayer la modificación de un artículo de la ordenanza que regula el precio público por el suministro de agua potable a los municipios de la comarca. Este cambio en su normativa se realiza a petición del Concello de Oleiros y para terminar con un pleito judicial y una deuda económica de más de tres millones de euros. Solo con añadir un nuevo supuesto, la empresa concesionaria coruñesa Emalcsa puede facturar a la empresa pública oleirense Aquaoleiros, en lugar de al Ayuntamiento, y éste puede deducir el IVA.
La ordenanza de A Coruña, en su artículo 2 que indica quién está obligado a pagar el suministro de agua, además de los concellos suministrados por Emalcsa, se añade «o las empresas públicas participadas al 100% por los concellos que fuesen declaradas medio propio de los mismos»
Aquaoleiros es una sociedad de capital 100% público tras municipalizarse este servicio en 2022. Sin embargo, en la ordenanza coruñesa se precisa que para emitir las facturas a Aquaoleiros tiene que comunicarse expresamente a Emalcsa que Oleiros es «responsable subsidiario del pago».
Oleiros, en su solicitud a la alcaldesa de A Coruña de este cambio de su ordenanza, explicaba lo ilógico de lo que sucede desde que existe Aquaoleiros en 2022: Emalcsa le factura a Oleiros un millón de euros por el suministro y le repercute el 10% del IVA, en total 1,1 millones. Después el Concello tenía que refacturar a su empresa Aquaoleiros 1,1 millones más el 21% del IVA, es decir, 1,3 millones. Es decir, en lugar de pagar 1.000.0000 tenía que abonar 1.331.000 euros, cantidad que tendría que repercutir en los recibos de los usuarios.
Este acuerdo supone el desbloqueo de un problema entre administraciones pero aún quedan algunos pasos más. Tras la aprobación por la Junta de Gobierno, este asunto deberá llevarse después al pleno y luego exponerse al público durante treinta días para posibles reclamaciones o sugerencias. Tras resolver las alegaciones se procederá a la aprobación definitiva por el pleno coruñés y luego se publicará la modificación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor al día siguiente de dicha publicación.
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