Sada abrirá un expediente para catalogar el edificio de la Sociedad y las casas de marineros de Fontán
El pleno prueba una moción del PSOE para proteger estas edificaciones diseñados por Fernández-Albalat | Este edificio a pie de playa lleva más de 20 años en un limbo

Edificio de La Sociedad de Sada / LOC
El pleno de Sada dio luz verde a una moción del PSOE para abrir expediente y catalogar dos edificios diseñados por el reconocido arquitecto Andrés Fernández-Albalat: la sede de La Sociedad y las casas de los marineros de Fontán. La propuesta prosperó con el apoyo de todos los partidos de la Corporación salvo del PP, que se abstuvo.
Estas dos edificaciones carecen actualmente de protección, al contrario que otras obras de Albalat, como la iglesia de San Martín de Meirás o el Museo Carlos Maside. El PSOE defendió en la sesión la necesidad de solventar esta carencia y dar pasos para salvaguardar el edificio de La Sociedad y las casas de los marineros de Fontán por su «valor histórico, artístico y simbólico» y por constituir un «testimonio inequívoco de la evolución cultural, social y urbana» de Sada.

Uno de los planos de Fernández Albalat con el diseño de La Sociedad de Sada. / LOC
Su petición prosperó tras acceder la socialista Almudena Pena a suprimir de la moción el punto más controvertido, el de iniciar los trámites para lograr que el edificio La Sociedad sea declarado Bien de Interés Cultural. Todos los partidos manifestaron sus dudas sobre la viabilidad de esta petición y llamaron la atención sobre las dudas manifestadas por los propios técnicos.

Casas de los pescadores del barrio de Fontán / LOC
El PP fue más allá y optó por abstenerse ante la falta de informes que avalasen la propuesta y sus dudas sobre de que se hubiese consultado sobre estos extremos a las comunidades de propietarios.
El presidente de La Sociedad, Juan Brandariz, manifestó su apoyo a esta iniciativa, que constituye un «pasito más» para la protección del edificio: «No le vemos nada negativo», apuntó.
El edificio de La Sociedad lleva más de 20 años en un limbo, desde que Costas decretó la recuperación posesoria de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre sobre los que se asienta este inmueble.
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