Nace la Asociación de Ayuntamientos Gallegos Afectados por la AP-9 con la exigencia de cobrar a la empresa todo el IBI

La Asociación de Ayuntamientos Gallegos Afectados por la Autopista de Peaje AP-9 fue constituida hoy en Abegondo "como una unión entre municipios para luchar por una causa justa y histórica", informan en relación, entre otras cuestiones, para cobrar a la concesionaria todo el IBI.

El salón de plenos de este consistorio fue el escenario de la fundación de la entidad, que se plasmó con la firma de los estatutos que regirán su funcionamiento. Inicialmente son 11 los ayuntamientos que la conforman, porque son los que completaron los trámites previos necesarios en el seno de sus respectivos plenos. Se trata de Abegondo, Cabanas, Ferrol, Narón, Neda, Ordes, Paderne, Padrón, Portas, Teo y Valga.

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Según informan, todos sus representantes acudieron hoy a la cita fundacional. "Pero la cifra de integrantes crecerá con más ayuntamientos que ya han confirmado su intención pero que deben realizar el procedimiento", señala sobre los pasos en sus respectivos municipios. Así avanza que será el caso de A Coruña, Oroso o Betanzos, también presentes hoy, y la de otros como Miño, Cambre, Mesía o Culleredo.

Demandas

La presidencia será asumida por Abegondo, a propuesta de Valga, secundada por los presentes, y la vicepresidencia, por Neda. El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, manifestó que "es hora de que la concesionaria cumpla con sus deberes como cualquier ciudadano". Apostó por crear esta asociación "para que no bajemos la guardia nunca y garantizar que recibimos el que nos corresponde por ley de la AP-9".

Santiso también pidió a los integrantes que "todos los partidismos se dejen fuera". "Esta agrupación nace como frente municipalista para defender los derechos de nuestros vecinos y vecinas ante una infraestructura que nunca nos tuvo en cuenta, los intereses políticos no caben aquí", aseveró.

Y es que, de entrada, se buscará resolver que la concesionaria de la autopista AP-9 asuma el 100% del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), "para el que contó durante 50 años con una exención de un 95%". A su vez, se reclamará la actualización catastral, "sin ejecutar desde 2007, para que sea acorde a la coyuntura actual y que repercutiría en los ayuntamientos mayores ingresos".