Una administradora de fincas acusada de estafar a una comunidad de Culleredo donde residía alega que no gestionó cuentas

Una mujer acusada de un delito de apropiación indebida como administradora de fincas de la comunidad de vecinos del inmueble donde residía en Culleredo ha alegado que ella fue nombrada presidenta del inmueble pero "nunca" fue gestora del mismo.

"Como presidenta recibes las quejas y peticiones de los vecinos y poco más haces, no estás obligada a custodiar documentación, esa labor la suelen hacer los administradores", ha expuesto durante el juicio celebrado este martes en la sección segunda de la Audiciencia Provincial de A Coruña.

"Yo nunca administré esa comunidad", ha insistido para apuntar que ella era gestora administrativa pero que en relación a la comunidad actuaba "como presidenta" y que, por ello, estaba habilitada para tener las claves".

A este respecto, ha explicado que esas contraseñas estaban en su oficina "en un papel en un cajoncito del escritorio", un espacio que compartía con una compañera laboral quien "gestionaba la oficina al completo" y de la cual la acusada se "ausentaba todas las semanas" porque iba de viaje por motivos de trabajo.

"Yo la llamaba a ella para que se conectara e hiciera las cosas", ha especificado tras añadir que tenía "acceso al ordenador" y utilizaba sus "claves y certificados digitales".

Hechos según Fiscalía

En su escrito de calificación, Fiscalía sostiene que, desde enero de 2015, llevó la administración de la comunidad de propietarios tras un acuerdo en la junta de esa comunidad. Además, la designaron también presidenta al residir en una vivienda del edificio.

"Sus funciones consistían en llevar las cuentas de la comunidad (gestión y manejo de la cuenta bancaria) y ordenar gastos y pagos", explica.

Además, señala que "guiada por el ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito realizó durante alguno de los años en que desempeñó la actividad de administración de la comunidad, entre el año 2015 al 2017" distintas retiradas de dinero.

"Hizo constar pagos que no se correspondían con cargo alguno a la cuenta de la comunidad", señala el Ministerio Público que, entre otras cuestiones, apunta a diferentes cuantías en meses seguidos, que "incorporó a su patrimonio disponiendo de ellas".

En total, alude a una deuda con la comunidad de 9.200 euros, cuantía que reclama sea abonada, además de solicitar una pena de dos años y tres meses de prisión. El juicio fue aplazado con anterioridad por la presentación de nuevas pruebas.

Por estos hechos, Fiscalía solicita una pena de dos años y tres meses de cárcel. Por su parte, la acusación particular reclama cuatro años y seis meses de prisión.