La Xunta derribó dos construcciones ilegales en 2024 en la comarca coruñesa

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, anunció la pasada semana que se iba a poner en contacto con la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) para que derribase una vivienda en Bastiagueiro y un muro junto a la playa de Naval que son «ilegales». En Oleiros la Aplu actuó el año pasado, pero no lo hacía desde 2018.

La memoria de esta agencia muestra que en la comarca coruñesa solo se repuso la legalidad en dos casos, uno en el municipio de Oleiros y otro en Carral. En el caso oleirense la Aplu eliminó una caseta de madera sobre una placa de hormigón, con muros de cierre y de contención, así como cuatro depósitos, todo un conjunto destinado a convertirse en una futura vivienda en precario.

El derribo se realizó porque estas instalaciones se efectuaron en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, al borde del mar. En el caso carralés, la Aplu echó abajo una vivienda unifamiliar, terminada pero aún con el ladrillo sin recebar, de planta bajo y bajocubierta, situada en medio de un campo, en suelo rústico, donde la competencia la tiene la Xunta.

Frente a estos dos casos de 2024, en el año 2023 la Aplu hizo hasta siete demoliciones en la comarca, un 71,4% más. En Culleredo actuó hasta en tres lugares: una vivienda y un camión vivienda adosado; una nave industrial y una caseta; y una vivienda unifamiliar. En los tres casos, construcciones ilegales, en suelo rústico. En Arteixo se eliminó una casa de madera y una enorme terraza cerrada alrededor de un bajo de una casa, junto al mar en ambos casos. En Miño se pasó la pasa a un galpón de madera y una caravana reconvertida en vivienda en rústico.

En 2022 hubo cinco intervenciones y en 2021 siete mientras que en 2020 no hubo ninguna de la Aplu en la comarca coruñesa.