Herederos de Carnicero: «Nuestra idea y del Concello era darle un uso público»

La segunda y última jornada del juicio contra el alcalde de Oleiros Ángel García Seoane; y el arquitecto técnico municipal José Luis Jares, por el derribo de catalogada Casa Carnicero en Fin de Año de 2020 terminó esta mañana en la Audiencia Provincial con las últimas declaraciones, quedando visto para sentencia. La defensa de los dos acusados solicita la libre absolución mientras que la Fiscalía se ratificó en su petición inicial: 15 meses de prisión, 12 años de inhabilitación para cargo público y una multa económica.

El primer testimonio ayer fue el de la arquitecta funcionaria de Patrimonio de la Xunta Belén Currás, que realizó un informe después del incendio que en julio de 2020 arrasó la vivienda. Reconoció que no sabía si era viable poner andamios como recomendó el arquitecto municipal y porque no estuvo «personalmente allí». Currás destacó que para demoler un bien catalogado era necesaria la autorización previa de Patrimonio, sin que fuese Bien de Interés Cultural. La arquitecta subrayó que «siempre hay que intentar preservar el bien» y en todo caso se puede optar por «consolidar la ruina» , como se hace en los castros. Insistió en que lo que estaba protegido según el plan general era «la envolvente», el edificio completo, y tras el fuego «quedó parte del envoltorio».

La exsecretaria municipal de Oleiros, Pilar Cela, explicó que ella estaba de vacaciones cuando sucedieron los hechos y desde el Concello la llamaron por teléfono para saber cómo actuar tras la caída de una pieza del edificio, el hastial, el 28 de diciembre. «Yo no soy experta en Urbanismo, consulté la ley, y como tenía la declaración de ruina, en ese caso no vi que se exigiese la autorización de la Xunta, solo la comunicación. En mi criterio, la autorización es solo para los BIC, y así se lo dije al alcalde», declaró Cela.

Uno de los trabajadores de Construcciones López Cao, arquitecto técnico y director de obra en el derribo de Casa Carnicero, declaró que se trató de quitar las piezas superiores de la edificación, más dañadas, pero según se fueron quitando, «se iban cayendo las demás como un castillo de naipes, estaba todo muy mal», y en su opinión no era posible la rehabilitación, y había «riesgo grave» si no se hubiese completado la demolición.

Diego Fernández, uno de los herederos de la propiedad de Casa Carnicero, ratificó que la familia negociaba la cesión al Concello de Oleiros desde 2019 y la intención de las dos partes era «recuperarla» para «darle un uso público», al igual que otros edificios adquiridos y restaurados en el municipio. Tanto él como Sergio Rodríguez, otro heredero, indicaron que hubo muchas demoras por la pandemia, el incendio, el problema con un familiar y la falta de recursos económicos de la familia para acometer obras de restauración.

El arquitecto técnico Carlos Barreiro, experto en ingeniería de la edificación y rehabilitación, propuesto por la defensa de Seoane, afirmó que «técnicamente» el apuntalamiento de Carnicero tras el incendio como se pedía «no era viable» porque hacía falta tiempo para redactar el proyecto, delimitar el diseño, el espacio y demás, y al estar «a un metro de la carretera era una temeridad». Afirmó que los muros, tras el fuego con temperaturas de hasta mil grados, «estaban totalmente disgregados, las vigas habían desaparecido» y en diciembre, tras las borrascas, el riesgo de colapso era «cada vez mayor». Afirmó que «todo lo singular desapareció» tras el incendio.

La Fiscalía, tras las declaraciones se reafirmó en su petición de pena al ver delito de prevaricación del alcalde por ordenar el derribo « a sabiendas» de que era una «decisión injusta» e «ilegal» y omitiendo «trámites legales» y por «cooperador necesario» al arquitecto técnico. Subrayó que la demolición de Carnicero requería «autorización previa» de la Xunta y que tras el incendio el Concello «no hizo nada» salvo «maniobras» para «dar apariencia de legalidad a una decisión arbitraria».

Las defensas de los dos acusados destacaron que todos admitieron el trabajo del alcalde de Oleiros en recuperar el patrimonio histórico por lo que no tenía razón para tirar este inmueble en concreto. El abogado de Seoane, Manuel Ferreiro, rechazó que hubiese prevaricación porque los artículos de la ley que citó la fiscal se refieren a bienes BIC, y Casa Carnicero no lo era. Los temporales de esas fechas y la caída de un hastial motivaron la actuación «atípica» del regidor, obligado por algo más importante: preservar vidas.

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