Seoane: «Carnicero no era BIC así que no hacía falta permiso de Patrimonio»

Casi cinco años después del derribo de la Casa Carnicero, ayer se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusados de un presunto delito contra el patrimonio histórico, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane; y el arquitecto técnico municipal José Luis Jares. La Fiscalía solicita para ambos una pena de 12 años de inhabilitación y 15 meses de prisión, además de una multa. Las defensas de Seoane y Jares reclaman la libre absolución.

Los técnicos municipales coincidieron en destacar que era imposible rehabilitar el edificio tras el incendio que sufrió en julio de 2020 y que tenía serio riesgo de desplome. También apuntó en esta dirección el responsable de la empresa López Cao que realizó el derribo y el perito José Manuel López, arquitecto técnico.

El primero en declarar ante la jueza fue el regidor de Oleiros, que manifestó que tenía «especial interés» en rehabilitar la Casa Carnicero, edificio catalogado en el plan general, porque su primer dueño era muy amigo de su abuelo; y también porque él tiene empeño personal en restaurar el patrimonio civil de valor del Concello, como ha hecho con otros muchos inmuebles, casi una treintena.

La fiscal en sus preguntas incidió en la tardanza en actuar para proteger Casa Carnicero, en que el alcalde desde el principio quería echarla abajo y que por eso ignoró las medidas planteadas por un técnico y la Xunta tras el incendio: vallar, poner una red y apuntalar.

«Vallamos todo pero lo de la red y apuntalar era imposible porque está a ochenta centímetros de la carretera», afirmó el alcalde. Fiscalía también insistió en que Seoane actuó a propósito sin esperar el permiso de la Xunta que sabía que era preciso. «La ley de Patrimonio dice que es necesaria la autorización previa de la Xunta si es un BIC, pero Casa Carnicero no lo era, solo estaba catalogado, solo hacía falta comunicarlo, y es lo que hicimos», subrayó.

«El expediente se llevó a cabo tal y como dijo la Xunta, requerimos a los dueños para que actuasen, pero el Concello no puede entrar en una propiedad privada», destacó el primer edil, quien insistió en que «no había edificio que rehabilitar tras el incendio». Agregó que su prioridad era proteger a conductores y viandantes para que no hubiese muertes por desprendimientos del edificio tras el incendio y el temporal de esos días, y evitar fallecimientos como ocurrió «con la dana» de Valencia.

El arquitecto técnico José Luis Jares, acusado también de posible delito contra el patrimonio histórico, declaró que tras visitar Carnicero después del incendio observó que «los muros presentaban una altísima inestabilidad» y se «deshacían». Explicó que la casa estaba hecha de ladrillo y mampostería, que no se puede desmontar, son materiales malos, no eran sillares de piedra.

A preguntas de la fiscal Jares indicó que se usó la cuchara bivalva en el derribo porque permite un trabajo más preciso, porque se pretendía rehabilitar. Recordó que el 28 de diciembre se había caído un hastial (elemento triangular del tejado) y los otros tenían peligro de caída también. Respecto a la posibilidad de apuntalar afirmó que el riesgo era «elevadísimo» para que entrasen obreros a trabajar en el inmueble.

El arquitecto municipal Alejandro Montero realizó un informe solicitando el apuntalamiento y en el juicio declaró que tras el incendio «todos los elementos singulares que figuran en el catálogo habían desaparecido» y no era probable la rehabilitación. Agregó que nunca creyó que la vivienda fuese «salvable» y «técnicamente la casa se destruyó con el incendio y no era recuperable». Confirmó que había «peligro» de derrumbe hacia la carretera.

La entonces asesora urbanística Gloria de la Montaña indicó que «se rehabilita lo que existe, no lo que no existe» y confirmó que antes de proceder a una ejecución forzosa de las obras como preguntó la fiscal, son necesarios otros pasos previos, administrativos, como la imposición de multas coercitivas. Se justificó que al ir por la vía de urgencia se podía actuar mucho antes.

La concejal responsable de Urbanismo y Seguridad Ciudadana, María José Varela, insistió también en que no era posible apuntar el inmueble como decía la Xunta y tampoco el Concello podía entrar a hacerlo al ser una propiedad privada.

Manuel López Grobas, responsable de la empresa López Cao que estuvo presente en la demolición de Casa Carnicero, manifestó que se procuró demoler con cuidado, por eso se llevó «la pinza» en lugar de otra maquinaria, porque se quería rehabilitar después. Aunque agregó que veía «complicado» rehabilitar el edificio porque «los mampuestos era de arcilla».

El perito José Manuel López, arquitecto técnico, indicó que veía posible apuntalar, pero no rehabilitar con los materiales originales tras el incendio. Relató que en un informe expuso que había hasta 28 grietas que afectaban a la estructura tras el incendio, antes de los temporales de diciembre, y conservar los muros «no sería prudente». Subrayó que tras las altas temperaturas del fuego la estructura «quedó muy comprometida» y los apoyos de los hastiales «daban un poquito de miedo».

«Había riesgo de caída sobre la vía pública? «Para mí, absolutamente».»¿ Se podía rehabilitar?» «Para mí, no». «¿Había otra solución más que el derribo?». «Para mí, no», fue el diálogo entre el letrado de la defensa de Seoane y el perito.

El arquitecto experto en modernismo Alberto Fuentes, que declaró como testigo y perito, manifestó que en su opinión sí de podía haber apuntalado la estructura y rehabilitado. Aunque en su declaración inicial dijo que en una entrevista con Seoane éste le dejó claro que pensaba demoler, ayer matizó que su sensación fue que «no se iba a derribar, pero estaba sobre la mesa». Fuentes admitió que las grietas en la edificación eran «visibles». Desconocía qué elementos de la casa figuraban con protección: vanos, antepecho, cubierta y molduras. Defendió que los muros se podían haber conservado, aunque copiados o como elemento «estético», construyendo una estructura nueva para sujetar el tejado. Hoy declaran agentes de la Policía Autonómica que acudieron a la zona el día de la demolición, un Policía Local, vecinos llamados como testigos y la entonces secretaria municipal. Se prevé que el juicio quede hoy visto para sentencia.